Lamentablemente, noviembre se caracterizó por el daño económico generado por el paro cívico en Santa Cruz, el cual fue impulsado por el gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, sin tener consideración de las consecuencias que desembocarían por la paralización de las actividades productivas y comerciales en dicho departamento.
Situación que penosamente afectó en mayor medida a los hogares más humildes que generan sus ingresos con mucho esfuerzo día a día. El paro cívico gestado en Santa Cruz tuvo particularidades sumamente preocupantes que solo reflejaron el verdadero rostro e intenciones de estos grupos minoristas, como el racismo, machismo, delincuencia e intentos de sabotaje social y económico.
La economía boliviana perdió más de $us 1.000 millones por los 36 días de paro cívico, además, desde una perspectiva microeconómica, varios productores pequeños y medianos vieron mermados sus recursos, de tal manera que muchos de estos emprendedores presentaron complicaciones en su capacidad de pago ante sus obligaciones crediticias.
La respuesta oportuna ante dicho contexto por parte del Gobierno fue la de emitir una circular a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en fecha 11 de noviembre de la presente gestión, la cual instruye a todas las entidades de intermediación financiera (EIF) la atención de solicitudes de reprogramación de créditos.
Pero ¿qué es una reprogramación de créditos? ¿Es la mejor solución ante esta situación a la que nos orilló el Gobernador de Santa Cruz y el Comité Cívico de dicho departamento? La respuesta ante la segunda pregunta es que sí, no olvidemos que el esquema de reprogramaciones y/o refinanciamiento de créditos con periodo de gracia ya fue implementado con éxito anteriormente como respuesta ante la política financiera improvisada de diferimientos que impulsó el anterior gobierno durante 2020.
La reprogramación de créditos consiste en la modificación de condiciones del contrato de préstamo entre el banco y prestatario, donde se brindarán soluciones ante complicaciones en la capacidad de pago que puede generarse por diferentes situaciones (por ejemplo, la prohibición forzada de actividades productivas y comerciales en Santa Cruz).
Entre los beneficios de la reprogramación de créditos que lo diferencia respecto a la política de diferimientos, es que no se interrumpirá la relación prestatario-entidad financiera, tampoco se deteriorará la cultura de pagos y por ende tampoco se verá afectada la calificación crediticia del prestatario, es decir, aún se considerará como cartera vigente (al día).
Se trata de un instrumento versátil que se ajusta a las necesidades y/o condiciones de cada prestatario, donde posiblemente se reduzca la cuota mensual de pago, se amplíe el plazo del crédito e inclusive se defina un periodo de gracia en beneficio del consumidor financiero. En consecuencia, se refiere a una medida responsable de alivio para todos los prestatarios que presentaron un deterioro en su nivel de ingresos y por ende en su capacidad de pago de créditos.
En esa línea, algunos políticos y analistas sugieren la realización de una política de diferimientos, sin embargo, se debe considerar que dicha situación ya se presentó durante 2020, como una medida improvisada por parte del anterior gobierno; la cual solo deterioró la cultura de pagos de los prestatarios, cortó la relación prestatario y EIF —no posibilitaba la solicitud de nuevos créditos como brinda el esquema de refinanciamiento—, además de generar un riesgo sobre los ahorros del público. Por lo tanto, el mecanismo de reprogramación de créditos es una medida responsable en el marco de la protección del consumidor financiero sin afectar negativamente el desempeño financiero.
Finalmente, es importante resaltar que dicha medida se encuentra dentro de los principios del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) de generar servicios de intermediación financiera con función social, que a la fecha han dado resultados óptimos con un índice de mora por debajo del promedio en la región y una universalización de los servicios financieros para toda la población. Actualmente contamos con un sistema financiero que se articula a las fuerzas motrices de impulso del crecimiento y desarrollo económico. Posiblemente exista cierto deterioro producto del paro cívico en Santa Cruz, empero, contamos con un Gobierno nacional responsable que actúa oportunamente en beneficio del pueblo boliviano y más aún de los sectores vulnerables y humildes.
Miguel Clares es economista.
