Bolivia tiene registradas hasta octubre de este año a 104.379 personas con discapacidad, siendo uno de los temas pendientes la inserción laboral. Según la Ley 977, vigente desde 2017, ni las entidades públicas ni las privadas cumplen con la normativa.
El director ejecutivo del Comité Nacional con Personas con Discapacidad (Conalpedis), dependiente del Ministerio de Justicia, Javier Salguero, informó que desde esta dirección se está buscando la inclusión efectiva de este sector, debido a que se han detectado casos irregulares e incumplimiento de la norma sobre la inserción laboral.
“No se cuenta con datos exactos sobre la inclusión laboral en el sector público y hay un total desconocimiento de la norma en el sector privado”, dijo Salguero.
Agregó que desde que entró en vigencia la Ley 977 (Ley de inserción laboral y de ayuda económica para personas con discapacidad ) y su Decreto Reglamentario 3435, no se delimitó con exactitud si la inserción laboral tiene que ser para personal de planta y con inamovilidad.
“Muchas de las instituciones han contratado (a las personas con discapacidad) como consultores, eventuales o por producto, (y) una de las figuras legales es que no es de planta. Por eso los datos no están arrojando correctamente (el número de personas que trabajan en entidades públicas)”, dijo.
Entre las irregularidades encontradas, Salguero indicó que en algunas instituciones públicas se señala que “en una semana se tiene a dos personas con discapacidad trabajando, pero pasa otra semana y entran otras dos o se retira a todo el grupo. Es decir, mucho se cambia (de personal)”.
También explicó que se ha detectado que las entidades privadas no cumplen con el 2% de personas con discapacidad dentro de su planta de trabajadores. “Justamente en este edificio, que también está la Cámara Nacional de Comercio, hemos tenido una reunión con esta entidad y, sorpresivamente, dijeron que no conoce esta ley”.
“Hemos tenido algunos errores de no socializar en su momento que se aprobó (la ley), porque a la fecha todas las entidades privadas que son más de 2.000 en toda Bolivia y que tengan más de 50 trabajadores, deberían tener personas con discapacidad”, precisó.
Otra de las problemáticas y que se ve en entidades públicas, dijo, es que si bien se cumple con la entrega del ítem, éste va dirigido al cónyuge, padre, madre o tutor.
“Ahí también radica el problema, nuestra Ley 977 dice que no solo puede ser la persona, sino también el padre, la madre, el tutor o cónyuge, pero no se ha definido cantidades o porcentajes. Entonces se reporta en algunas entidades que tienen a más personas que no tienen discapacidad, es decir el padre, madre, tutor con resolución”, mencionó Salguero.
Explicó que esto se debe delimitar, debido a que el objetivo de la ley es que las personas con discapacidad trabajen y queden insertadas laboralmente. “Por eso no se cuenta con datos a la fecha. Porque nos reportan (y nos dicen) ‘cumplo con el 4%’, pero son tutores o padres. Y en el caso de los tutores hay que revisar bien su documentación porque para ser un tutor tiene que tener resolución judicial de parte de un juez de familia y muchos de ellos no la tienen”.
Ayer, 3 de diciembre, se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el objetivo de esta fecha es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como la inclusión laboral de este grupo en el sector público y privado.
El Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) del Ministerio de Salud y Deportes refleja que entre los tipos de discapacidad están el auditivo con 10.296 personas; físico motora, con 35.309; intelectual, con 28.704; mental o psíquica con 5.165; discapacidad múltiple con 14.979; sensorial 2.826 y visual con 7.321 personas.
Entre los grados de discapacidad se cuenta con el moderado con 30.132 personas, grave 54.193 y muy grave 13.295. Estos dos últimos están en la categoría del Bono de Discapacidad de 250 bolivianos, apoyo que da el Gobierno cada mes.
Los departamentos que registran mayor cantidad de personas con discapacidad son Santa Cruz con 24.136, seguido de La Paz 23.319 y Cochabamba 14.136. En el resto de los departamentos se encuentran en cantidades menores.
Para el presidente de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (Fenaciebo), Jasmani Cerezo, en su sector existe alrededor de un 2% (216 personas con ceguera de 7.200) que ocupan un cargo en algunas entidades públicas. “En espacios públicos tenemos trabajando personas con discapacidad visual un 3% a 2,5%, según el último dato del Instituto Boliviano de la Ceguera”.
De esta cantidad, según el dirigente, solo dos personas trabajan como profesionales y el resto está como auxiliar, telefonistas. Y “profesionales que deberían estar trabajando en su área están en unidades o cargos que no corresponden a su formación”.
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Similar apreciación expuso la presidenta de la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad (Febopdif), Aleida Vera. Explicó que por cumplir con la norma del 4%, en las entidades públicas les dan cualquier trabajo. “Conseguir un trabajo para nuestro grupo es realmente difícil, no se valora a la persona con discapacidad y no se hace prevalecer la profesión que tiene”.
“Lastimosamente varios de nuestro grupo no están trabajando con sus respectivas profesiones, sino están como mensajeros, limpiezas y son muy pocos que ejercen su profesión”, dijo Vera.
La dirigente agregó que se está haciendo un seguimiento en este aspecto, junto al Ministerio de Trabajo, para ver cuántas personas cuentan con trabajo en entidades públicas y privadas.
Solo el 5% de personas con discapacidad llega a la universidad
Datos de la Defensoría de Pueblo, en su informe “La exclusión y segregación de las personas con discapacidad en el sistema educativo plurinacional”, de 2022, señala que solo el 5% de las personas con discapacidad alcanzó el nivel universitario.
Con datos a julio de 2022, de las 90.631 personas con discapacidad que estaban registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) del Ministerio de Salud, solo 4.476 personas cursaban estudios universitarios.
Un 0,25% (231) llegó al nivel de posgrado y un 3% (3.168) alcanzó el nivel técnico; sin embargo, existe un grupo superior de personas con discapacidad que cursan o cursaron el nivel inicial (12%), primario (35%) y secundario (15%), equivalente a 55.731 personas.
Además, este informe refleja que 27.025 personas no tienen ningún tipo de grado de instrucción educativa, que representa el 30% del total registrado en el nivel educativo. A nivel departamental, Santa Cruz reporta la mayor cantidad con personas con discapacidad sin nivel educativo, con 7.226, seguida de La Paz con 5.697 y Cochabamba con 3.778 personas.
El presidente de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (Fenaciebo), Jasmani Cerezo, señaló que a pesar de contar con una resolución que establece el ingreso libre a las universidades y escuelas de formación, existe una coordinación mínima con el Ministerio de Educación, sobre todo en la exigencia del llenado de requisitos.
“Falta bastante (por trabajar), porque hay muchos requisitos para las personas con discapacidad cuando salen bachiller y a una persona sin discapacidad no se le exige esos requisitos como a nosotros”, dijo.
La presidenta de la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad (Febopdif) Aleida Vera, señaló que desde la parte educativa se busca la inclusión de su sector, debido a que varias personas no llegan a culminar la educación primaria y secundaria, y muy pocos están accediendo a la educación superior, pese a que existen algunas normativas, “como el ingreso libre a las universidades y escuelas superiores”. “Falta mucho por trabajar en la inclusión, pero estamos coordinando con las autoridades de Educación”, dijo Vera.
