El gobernador Luis Fernando Camacho y el rector Vicente Cuéllar acusaron al Gobierno, por separado, de pretender judicializar los 36 días de paro indefinido en Santa Cruz en demanda de Censo en 2023.
“Todos hemos visto el revanchismo con el que actúa el Gobierno. No he sido notificado y sin duda han hecho público que habrá procesos, por eso estamos esperando que nos notifiquen”, dijo el gobernador cruceño a los periodistas.
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“Esto no es desconocido, es la forma como actúa el Gobierno, judicializando todas nuestras luchas y llevándonos al escenario del banquillo de los acusados”, acotó.
Por su parte, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (AUGRM), Vicente Cuéllar, calificó como “mala señal” las advertencias de procesos en su contra.
“Es una mala señal que se empiece a judicializar la protesta. Ojalá que sea solo una denuncia y la justicia actúe de manera independiente”, señaló a los medios de comunicación.
Denuncias
Debido a los diversos hechos de violencia y vulneración de derechos humanos reportados durante los 36 días de paro, la Fiscalía General del Estado admitió tres denuncias contra Camacho y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.
El denominado Comité Impulsor de Justicia en Chuquisaca presentó una denuncia contra los tres líderes cruceños por los delitos de discriminación, racismo, organización criminal y atentado contra altas autoridades del Estado.
La Central Obrera Regional (COR) de El Alto también presentó otra denuncia contra Camacho, Calvo y Cuéllar por hechos como violencia, racismo, discriminación, saqueos y quema de la sede de los campesinos.
Cuéllar confirmó que hay una denuncia en El Alto, dos en Sucre y una en Santa Cruz y que una vez que lleguen las notificaciones, los acusados se pondrán a “derecho y responderemos”.
Justicia
Al respecto, el vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó el domingo que debe haber justicia por el paro de los 36 días.
“La justicia siempre los va a alcanzar, más tarde o más temprano; la justicia los va a terminar alcanzando porque son los responsables de las cuatro muertes y pérdidas económicas”, dijo.
“Las tres cabezas del Comité Interinstitucional ahora dicen que hay persecución política porque quieren eximirse de las responsabilidades”, complementó.
Pérdidas
Durante los 36 días de paro indefinido se reportó la muerte de cuatro personas, entre ellas la de un funcionario golpeado en Puerto Quijarro, un motoquero degollado por un cable coaxial en un punto de bloqueo, un apuñalado en otro punto.
La cuarta víctima perdió la vida al chocar su vehículo contra otro estacionado en otro punto de bloqueo.
Además, la Casa de la Mujer reportó la violación grupal de una joven de 21 años al tercer día de iniciadas las protestas.
En esos días ocurrió la quema de la sede de la Federación de Campesinos y el saqueo de las oficinas de la Central Obrera Departamental (COD).
Se reportó cobros de peajes en las rotondas, agresiones físicas y verbales a personas que estaban en contra de la medida de presión.
Las pérdidas económicas superan los $us 1.200 millones, según reportó el Gobierno.
Debido al paro y a los bloqueos, cientos de personas no pudieron cumplir con sus tratamientos oncológicos y de diálisis.
Reunión
Cuéllar anunció para la próxima semana una reunión entre los miembros del Comité Interinstitucional y del Comité pro Santa Cruz.
Adelantó que en el encuentro se evaluará la promulgación de la Ley 1492, de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos Financiero y Electoral.
