El presidente Luis Arce aseguró que “Bolivia es más grande que una finca” y que no “perderemos territorio”, ante el anuncio de la dirigencia cruceña y su intento de revisa su relación con el Estado.
“Quienes hoy, por intereses políticos circunstanciales, porfían en revisar su relación con el Estado boliviano deben comprender que el pueblo boliviano jamás permitirá una nueva pérdida de territorio bajo ningún pretexto”, dijo.
Arce se refirió al asunto en ocasión de los 196 años de la creación de la Armada Boliviana, acto al que asistió en la Escuela Naval, en La Paz.
Aludió al Comité pro Santa Cruz y dijo que esa organización “manipula” con su demanda de Censo en 2023.
Además de su intención de que la medida se propague a otros departamentos.
“Bolivia es más grande que una finca, por mucho que a la élite antipatria le cueste aceptarlo”, dijo.
Federalismo en Bolivia
También dijo que la revisión de la relación política entre Santa Cruz y el Estado “es una versión caricaturizada del regionalismo federalista”.
Ese planteamiento surgió desde la dirigencia cruceña.
El presidente Arce fustigó a los miembros del Comité Interinstitucional, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar; el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el gobernador Luis Fernando Camacho.
Aseguró que su discurso, durante los 36 días de paro en esa región, “incitó a la confrontación entre bolivianos”.
Lamentó que “el dolor, la muerte y la violencia” hayan formado parte del paro y que eso “debería indignarnos a todos los bolivianos.
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Comité
La dirigencia cruceña, liderada por el Comité Interinstitucional, impulsó un paro de 36 días en ese departamento.
Desde el 22 de octubre pedían, primero, que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023, aunque, según el Gobierno, no pudieron demostrar técnicamente su factibilidad.
En varias ocasiones, el Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística (INE) demostraron que el empadronamiento se debía realizar en 2024, como lo estableció el Decreto 4824.
Ley
Pero desconfiados, los impulsores del paro exigieron una ley que garantice la entrega de resultado para septiembre de ese año, como sugirió el Tribunal Supremos Electoral (TSE).
Así, La Asamblea Legislativa debatió, primero, en la Cámara de Diputados y luego en Senadores una norma.
Finalmente, el Gobierno promulgó el viernes la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral.
Una parte del oficialismo aseguró que con esa norma “volvió la democracia pactada”, por haber sido consensuada con legisladores de oposición.
Mientras, otros dicen que “la ley fue promulgada para pacificar Santa Cruz”.
