La diputada del MAS Gladys Quispe anunció que desde el Legislativo exigirá la apertura de procesos por los hechos de violencia durante los 36 días de paro en Santa Cruz.
“Vamos a exigir al fiscal general (Juan Lanchipa) y al Ministerio de Justicia para que abran los procesos correspondientes e investigaciones”, declaró a los periodistas.
Agregó que esos hechos que se cometieron durante la duración de la medida en demanda de Censo en 2023, no pueden quedar en la impunidad.
“Ya tenemos suficiente con los hechos del golpe de Estado durante 2019 y a la fecha no hay ningún detenido”, acotó.
Hechos
Durante los 36 días de paro, cuatro personas perdieron la vida de manera violenta, la Casa de la Mujer denunció una violación grupal y enfermos renales y de cáncer no pudieron asistir a sus tratamientos de diálisis y oncológicos, respectivamente.
Hubo cobros de peajes en las rotondas, agresiones físicas, verbales y repetidos actos de discriminación y racismo en contra de quienes no estaban de acuerdo con el paro.
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Las pérdidas económicas superan los $us 1.200 millones, también fue quemada la sede de la Federación de Campesinos y saqueada la Central Obrera Departamental (COD).
Además, esos días el subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, ahora aprehendido, promovió ataques contra el pueblo ayoreo.
“Hay que refrescarles la memoria. Parece que sufren de amnesia estos señores que han instigado a que cometan delitos»,m aseveró la legisladora.
«Estos señores de la Unión Juvenil Cruceñista y otros más coautores que hay de muchos hechos delictivos, los mismos tienen que investigarse”, complementó.
Proceso
El lunes, Lanchipa anunció que, “por conexitud de casos”, fueron acumuladas en un solo proceso todas las denuncias presentadas contra el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, el líder cívico Rómulo Calvo y el rector Vicente Cuéllar.
El caso radicará en la Fiscalía de La Paz y la comisión de fiscales determinará el cronograma de convocatoria a los acusados.
Entre los delitos artibuidos, según las denuncias, están discriminación, atentado contra la libertad al trabajo, atentado contra los servicios públicos, uso indebido de influencias, terrorismo; entre otros
