Anderson Lijerón López, que se declaró culpable de los ilícitos, fue sentenciado a prisión por el ataque con armas caseras a policías y el atentado a un comando policial durante el paro en Santa Cruz.
La información fue corroborada por el Ministerio de Gobierno, que comunicó que el ciudadano fue acusado por atentado contra bienes públicos y miembros de organismos de seguridad del Estado.
“Al momento de la audiencia, Lijerón reconoció la comisión de los ilícitos”, señala el documento.
La Guardia
El 1 de noviembre, Lijerón participó junto a otros cómplices de la toma del Comando Provincial de La Guardia, cuando facciones de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) se enfrentaron con la Policía.
Con este caso se sienta “un precedente sobre la distante diferencia entre el libre ejercicio derecho a la protesta y la comisión de ilícitos”, que deben ser sancionados penalmente, explicó el Ministerio de Gobierno.
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Ese día, los manifestantes pretendieron desbloquear un punto del cerco de campesinos en La Guardia. Había llegado en camionetas y motocicletas desde la ciudad de Santa Cruz.
Ataques
El Ministerio Público investiga los ataques con armas de fabricación casera (bazucas) a policías, la destrucción del Comando Provincial y daño a más de seis vehículos patrulleros.
Según información del Ministerio de Gobierno, Lijerón fue declarado culpable en un procedimiento abreviado en un juzgado del municipio de Pailón.
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Lijerón, bombero voluntario y estudiante de tercer año de Arquitectura, fue aprehendido el mismo día de los incidentes en La Guardia. Una semana después, el juez dispuso su detención en la cárcel de Palmasola.
‘Los de arriba’
Entonces, su madre lamentó la detención de su hijo de 22 años, aunque lamentó las razones. “No sé los motivos; bueno, sí sé, ha sido mandado por los de arriba”, afirmó, según una entrevista con la red Uno.
Al contrario, la familia denunció que el joven había sufrido una golpiza de parte de los efectivos policiales durante la detención.
Enterado del caso, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, prometió todo el apoyo jurídico a la familia del ahora recluso.
Las movilizaciones en demanda de Censo de Població y Vivienda en 2023 degeneraron en violencia y detenciones.
