El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, negó que se haya solicitado a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) activar una indagación al diputado Héctor Arce (MAS) y al exviceministro Nelson Cox.
A través de un comunicado, esa cartera de Estado “aclara e informa a la opinión pública, que no ha solicitado, ni ha dispuesto ningún proceso de investigación administrativa, patrimonial ni de ninguna otra índole” en contra de ambas personas o sus familias.
Agrega que “los procedimientos de investigación están regulados por disposiciones legales, por lo que ningún Viceministerio o entidad bajo tuición, está facultado para solicitar investigaciones patrimoniales, sin que medie denuncia o causa legal justificada”.
Este martes, Cox denunció que él y su familia sufren persecución política por parte del Gobierno.
“La IUF me está investigando por legitimación de ganancias ilícitas, ni en el Gobierno de facto me investigaron por legitimación de ganancias ilícitas, ni se utilizaron instituciones para amedrentar para intimidad ni accionar procesos penales que son totalmente vulneratorios de derechos humanos”, afirmó Cox.
El exviceministro afirmó que desde el Gobierno se promueve una estrategia para armar procesos penales contra a todos aquellos que denunciaron actos de corrupción o fueron críticos a la actual administración de Estado.
En tanto, el diputado Arce, afín al expresidente Evo Morales denunció una “persecución” política y judicial contra los legisladores “evistas”, e invitó a la directora de la UIF a acompañarlo para que compruebe su patrimonio.
La noche de este martes, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, negó una reunión entre el presidente Luis Arce; el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, y un periodista para activar una persecución en contra de legisladores afines al exmandatario Morales.
Horas antes, el diputado Anyelo Céspedes (MAS) denunció que en un encuentro entre esas autoridades y el comunicador se acordó “perseguir” a diputados y senadores del ala “evista”.
