La Cámara Nacional de Industrias (CNI) pidió a los asambleístas nacionales despojarse de los colores políticos para tratar y aprobar el proyecto de ley contra los bloqueos de caminos que fue presentado en febrero de este año.
“Está en el parlamento, hemos enviado las cartas; creo que éste es un tema en el que debemos liberarnos de colores políticos y pasiones políticas; va a beneficiar a Bolivia de contar con una ley antibloqueo como ya tienen otros países de la región”, afirmó el titular de la CNI.
Lea también: Evistas ‘en emergencia’ evaluarán ‘medidas de presión’ en ampliado del 18 de mayo
Sectores afines al expresidente Evo Morales anunciaron que retomarán los bloqueos de caminos tras el aval de la justicia y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista.
El proyecto de ley de la CNI busca sancionar los bloqueos y vandalismo a través del sistema penal a través de la imposición de multas y cárcel para los infractores, para que el país deje ese “ciclo destructivo”, que ahuyenta las inversiones y alimenta la desigualdad y el desempleo.
En el documento se plantea modificar y añadir algunas disposiciones en el Código Penal. En el artículo 293 de esa norma se propone agravar la pena por del delito de amenazas, para castigarlos con tres a seis años de cárcel, tomando en cuenta que actualmente la sanción de tres a 18 meses.
Propuestas
También se propone incluir el tipo penal de obstrucción, mediante el cual se sancione con privación de libertad de cuatro a ocho años y multa de 60 salarios mínimos nacionales a quienes ilegalmente procedan al bloqueo total o parcial de caminos, u obstruyan el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por las vías públicas.
Además, crear el tipo penal de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, con el que se sancionará al que por medios ilícitos incite, dirija o proporcione los medios materiales o intelectuales para obstaculizar las vías o la infraestructura de transporte hecho que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el derecho al trabajo. La pena en este caso sería de cárcel de dos a cuatro años y multa de hasta 75 salarios mínimos.
También, en el tipo penal de vandalismo, se pretende encarcelar de cuatro a ocho años y sancionar con multa de hasta 75 salarios mínimos a quienes, valiéndose de una protesta, manifestación, o movilización pública, atenten o destruyan los bienes públicos o privados.
Camacho indicó que los bloqueos de caminos ocasionan un daño fuerte a la economía porque afecta a los microempresarios, pequeños, medianos y grandes empresarios porque su producción se obstaculiza y en muchos de los casos tienen que arrojarla en medio camino.
Afirmó que, a causa de los bloqueos, Bolivia se convirtió en un país “exportador de conflictividad” lo que ocasiona una inviabilidad en el territorio nacional y un daño a la imagen del país.
“Hoy el producto de mayor exportación es la conflictividad e inviabilidad de Bolivia, no olivemos que gracias a estos permanentes bloqueos el trazo del Corredor Bioceánico está en peligro de no pasar por Bolivia”, advirtió.
