La dirigencia cruceña, congregada en la comisión interinstitucional que lideró la protesta por el censo 2023 se reunió la tarde de hoy miércoles. El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, leyó los ocho puntos de la parte conclusiva del acta de la cita. Se convocó a una marcha de instituciones para el próximo viernes 9 de diciembre.
Entre las decisiones sobresalientes de la reunión están las siguientes: convocar a una marcha interinstitucional para el viernes 9 del presente; rechazar los procesos contra los líderes de la comisión interinstitucional; denunciar persecución judicial por parte del Gobierno nacional; instruir la conformación de comisiones de trabajo en lo jurídico, económico, social, político y comunicacional: instruir el inicio de demandas penales contra las personas que cercaron Santa Cruz durante el paro y contra quienes habrían atacado puntos de bloqueo.
La reunión de la comisión interinstitucional se da luego de conocerse el inicio de procesos judiciales en contra de los principales líderes. Se trata del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector Cuéllar.
En las acusaciones contra estos líderes de la dirigencia cruceña concurren más de 10 delitos, de acuerdo a lo informado por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. “Como Ministerio Público se ha dispuesto la acumulación de todas las denuncias que se han presentado” contra estas personas, señaló la autoridad. Así, estos procesos se consolidaron en uno solo. Lanchipa indicó que esta investigación unificada estará radicada en la ciudad de La Paz. Una comisión de fiscales a cargo elaborará de un calendario para que los acusados se presenten a declarar.
Resoluciones de la dirigencia cruceña
Los ocho puntos de la parte resolutiva del acta de la reunión de hoy miércoles, leídos por el rector Cuéllar, señalan lo siguiente:
- Rechazar los procesos penales contra los miembros de la comisión interinstitucional, por ser nulos de pleno derecho. Mantener el estado de emergencia en el conjunto de la institucionalidad cruceña para reaccionar ante cualquier intento de tomar acciones contra nuestros líderes.
- Conformar comisiones de trabajo a nivel departamental de análisis estratégico, en lo jurídico, económico, político, social y comunicacional. Se busca defender al pueblo cruceño en lo inmediato y en las luchas futuras. Ningún acusado deberá acudir a la ciudad de La Paz, siendo Santa Cruz la jurisdicción natural.
- Que la comisión jurídica que se conforme realice las demandas penales contra quienes se arrogaron el cerco a Santa Cruz. También contra quienes protagonizaron supuestas acciones vandálicas agrediendo a personas que cumplían el paro en sus rotondas.
- Exigir al fiscal general del Estado y al Órgano Judicial actuar de acuerdo a la CPE y las leyes, que corresponde en un Estado de derecho. No actuar en base a instrucciones del Gobierno de turno para atropellar derechos fundamentales.
- Denunciar ante los organismos internacionales los atropellos que se están cometiendo en contra de nuestros líderes, amparados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.
- Que cada institución miembro de esta comisión interinstitucional se organice con el fin de que sus afiliados puedan presentarse voluntariamente como testigos. Esto con el fin de apoyar a varios miembros de esta comisión denunciados por la protesta del censo.
- Convocar a una marcha interinstitucional para el próximo viernes 9 de diciembre en defensa del derecho a la protesta, por la liberación de los presos por apoyar el paro y la defensa de nuestros líderes amenazados con procesos judiciales.
- Cada institución deberá acreditar ante la comisión interinstitucional dos representantes para que los mismos sean convocados a las diferentes reuniones de trabajo.
