El diputado Héctor Arce (MAS), afín al expresidente Evo Morales, retó a los ministros y a otros funcionarios del Estado a renunciar al secreto bancario, luego que él asumió esa determinación.
“Tengo la carta que está en mi oficina, ayer hemos remitido a la UIF renunciando al secreto bancario, no tenemos nada que ocultar”, afirmó el legislador.
Arce ejecutó esa medida tras denunciar que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) activó una indagación en su contra, por encargo del Gobierno. Similar denuncia hizo el exviceministro de Justicia Nelson Cox.
“Más bien desde acá emplazamos a todo el gabinete de ministros, viceministros, directores generales, presidentes de empresas, que renuncien a ese secreto bancario para transparentar quiénes acá realizan movimientos oscuros en sus cuentas bancarias. Quiénes se han hecho millonarios en dos años de gestión”, enfatizó.
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Arce informó que la UIF remitió “cartitas” a la Alcaldía de Cochabamba para que certifique los bienes y el patrimonio que está a su nombre.
En ese marco, sostuvo que no tiene “ningún problema” en que se lo investigue, pues renunció al secreto bancario y está abierto a cualquier proceso por parte de las entidades correspondientes.
El martes, el diputado denunció una “persecución” política y judicial en contra los legisladores “evistas”, e invitó a la directora de la UIF a acompañarlo para que compruebe su patrimonio.
En tanto, Cox denunció que él y su familia sufren persecución por parte del Gobierno.
“La IUF me está investigando por legitimación de ganancias ilícitas, ni en el Gobierno de facto me investigaron por legitimación de ganancias ilícitas, ni se utilizaron instituciones para amedrentar para intimidar ni accionar procesos penales que son totalmente vulneratorios de derechos humanos”, afirmó.
Al respecto, el Ministerio de Justicia negó que se haya solicitado a la UIF activar una investigación en contra de esas dos personas.
Esa cartera de Estado, a través de un comunicado, aclaró que “no ha solicitado, ni ha dispuesto ningún proceso de investigación administrativa, patrimonial ni de ninguna otra índole” en contra de Arce ni de Cox.
“Los procedimientos de investigación están regulados por disposiciones legales, por lo que ningún Viceministerio o entidad bajo tuición, está facultado para solicitar investigaciones patrimoniales, sin que medie denuncia o causa legal justificada”, agrega el documento.
