Varias encuestas realizadas en Bolivia así como en otros países revelan desde hace años un menguante aprecio por la democracia, al mismo tiempo que el reconocimiento de que es el mejor de los modos de gobierno posibles. Eso significa que las democracias no están aseguradas en la región y que, más bien, hoy más que nunca están bajo asedio, incluso desde adentro del gobierno.
Lo sucedido el martes en Argentina, donde la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández fue sentenciada a seis años de prisión y, sobre todo, a no volver a presentarse a cargo electivo alguno de por vida, es la más reciente muestra del ejercicio del ahora llamado lawfare y que dicho en sencillo es usar de manera dolosa los mecanismos que la ley habilita para dañar a un adversario político. Sucedió hace años con el ahora presidente electo de Brasil, Lula da Silva.
El verdadero problema con este mecanismo es que implica, en primer lugar, la supresión del debido proceso, en una, varias o todas las etapas del trámite; así lo demostró a lo largo del juicio la ahora sentenciada (que todavía tiene al menos dos instancias de apelación), quien sin embargo anunció en emotivo discurso que no tiene más interés en postular nuevamente. La ausencia del debido proceso, además de ser una flagrante vulneración de un derecho humano, merma la calidad y la confiabilidad del sistema de justicia, y con él, su aporte al sistema democrático.
Igualmente, lo sucedido ayer en Perú es una alerta sobre la fragilidad de la democracia y sus instituciones. Al anuncio de una sesión congresal en la que se votaría la vacancia o no de la presidencia de la República por “incapacidad” de su titular, el presidente Pedro Castillo, éste pretendió darse un golpe de Estado disolviendo el Congreso y anunciando medidas de excepción.
Junto con Castillo, al menos cinco presidentes ocuparon el cargo en los últimos seis años, prueba de la fragilidad de esa presidencia a causa de mecanismos constitucionales espuriamente empleados por los opositores a cada uno de los mandatarios. El intento de golpe del ahora expresidente fue neutralizado por sendas declaraciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas, sin cuya participación era imposible el plan anunciado; prueba, además, de que la democracia sigue siendo “tutelada” por las instituciones armadas de los países.
Finalmente, en Bolivia, las aguas del Gobierno están más agitadas que nunca debido a una evidente fractura en el partido oficialista, cuyos bandos están llegando a extremos antidemocráticos en la querella. Al asedio constante de una oposición fragmentada ideológicamente pero unida en el propósito de dañar al Gobierno, y ampliamente apoyada por sus operadores mediáticos, se suma la falta de claridad en los líderes y dirigentes, dispuestos a romper las instituciones con tal de que prevalezcan sus intereses, de clase, grupo o personales. Son tiempos de gran peligro para el Estado de Derecho.
