Tras el inicio del juicio oral por el caso Gases lacrimógenos de Ecuador, el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz declaró la rebeldía de los exministros de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga y otros dos acusados. Además, determinó que se les asigne abogados de oficio para asistir a las audiencias.
“Se ha instalado y lógicamente se ha suspendido para el 28 de mayo, en vista de que no se han hecho presentes cinco coimputados, entre ellos, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, el de Defensa, Fernando López, y de Comunicaciones, (Roxana Lizárraga). Son cinco que han nombrado rebeldes. Ha ordenado la admisión de la orden de aprehensión y les han nombrado abogados de oficio”, dijo Oswaldo Rojas, defensa de uno de los acusados.
El jurista señaló que el juicio oral continúa y éste debe tener su procedimiento, en razón que en el inicio del juicio oral se presentará “algunas” excepciones, incidentes o una mención de las acusaciones.
La Fiscalía Departamental de La Paz informó sobre el inicio del juicio oral e indicó que el Ministerio Público presentará todas las pruebas colectadas en etapa de investigación. Señaló que se pedirá la pena máxima de 30 años de cárcel para las tres exautoridades y otras siete personas por los delitos de tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes.
Según los antecedentes de la investigación, el caso Gases Lacrimógenos de Ecuador se refiere al 15 de noviembre de 2019, periodo en el que se llevó adelante una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación con el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades que determinaron solicitar los préstamos de materiales antidisturbios para enfrentar la crisis social en el país.
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Inmediatamente, partió de Bolivia un avión a Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.
Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación. Ese hecho desencadenó en la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto. El saldo fue de 10 civiles muertos y al menos 78 heridos.
De acuerdo con las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de agentes antidisturbios con la República del Ecuador.
El fiscal Bladimir Bolívar informó que durante la investigación se colectaron pruebas como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo, de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia.
Además, dijo que está la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, lo que hace presumir la participación de los acusados en la internación ilícita de agentes químicos al país (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), como préstamo de la República del Ecuador, durante la crisis social de 2019.
“Los exministros de Gobierno y Defensa coordinaron con los comandantes del Ejército y de la Policía para designar personal de ambas instituciones, que habrían sido trasladados desde Palacio de Gobierno en helicóptero hasta el Hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto, para viajar a la República de Ecuador, recoger los agentes químicos y traerlos a Bolivia, para luego repartirlos entre militares y policías”, señala una nota de prensa de la Fiscalía General del Estado.
