El punto sobre la i
Desde un punto de vista sociológico, no viene al caso hablar de ganadores o perdedores luego del paro cruceño que duró 36 días y que culminó el 26 de noviembre. El proceso social y político boliviano continuará; en medio de ello, una crisis terminó y la vida sigue.
Lo relevante, para el conocimiento y el análisis, es lo que nos deja la crisis, al tratarse de un evento en el cual las cosas se presentan con mayor claridad. Emerge aquello que por lo general está sumergido.
Según René Zavaleta, las clases “aprenden las dimensiones de su poder y la eficiencia de su poder no desde los análisis previos, que son todos incompletos o presuntivos o totalmente inexistentes, como consecuencia de aquellos límites cognoscitivos de este tipo de sociedades (como la boliviana) en el momento de su quietud, sino a partir de su práctica; aquello que pueden y aquello que no pueden es lo que son”.
El sociólogo orureño continúa señalando que en la crisis ocurre “la súbita capacitación del sujeto, que es la clase, para conocer lo que antes le estaba vedado, de la presentación ‘llena’ de la sociedad, que antes no se presentaba, sino en su parte legalmente aceptada, pero que solo ahora se presenta como todo su número y, por último, la crisis como escuela, porque solo la clase que se ha preparado puede en ese momento conocer lo que ocurre”.
En el conflicto, que cesó al aprobarse la ley del Censo en la Cámara de Diputados, claramente hubo dos partes confrontadas, dos actores principales. De un lado, el Gobierno nacional y, del otro, el Comité Interinstitucional cruceño. El presidente Luis Arce y su gabinete ministerial comandaron de un lado las acciones. Tras ellos estuvieron el Ejecutivo y el MAS con su militancia, pero también con sus contradicciones y pugnas internas a cuestas. Del otro estuvieron el gobernador, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Pro Santa Cruz (CPSC), Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar. Fueron respaldados por buena parte de la sociedad cruceña, mayoritaria sobre todo en la zona central y norte de la capital cruceña.
ANTECEDENTES.
Es necesario recordar sintéticamente cómo se llegó al conflicto, que luego derivó en crisis. El 21 de julio de 2021, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4546, que estableció que el Censo de Población y Vivienda se realice el 16 de noviembre de 2022. A partir de entonces, ministros, funcionarios gubernamentales y del Instituto Nacional de Estadística (INE) fueron emitiendo declaraciones en las que aseguraron que el Censo estaba en marcha. Confirmaron, una y otra vez, que se contaba con todo lo necesario y que el conteo poblacional se realizaría de acuerdo con la programación.
El 12 de julio se reunió el Consejo Nacional de Autonomías en la sede de gobierno. En la cita, las autoridades presentes y sin la participación del gobernador Camacho, determinaron recomendar que el Censo poblacional se realice “entre mayo y junio de 2024 y en fin de semana”, según informó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.
El 13 de julio de 2022 fue emitido el Decreto Supremo 4760, que modifica el 4546 y establece que el Censo “será ejecutado por el INE como máximo entre los meses de mayo y junio de 2024”.
Esta decisión fue súbita y la dirigencia cruceña reaccionó inmediatamente. Se realizaron dos paros cívicos en Santa Cruz. El primero, de 24 horas, se llevó a cabo el 25 de julio. El segundo, de 48 horas, tuvo lugar el 8 y 9 de agosto.
Por lo que se pudo entender, el objetivo del Gobierno fue postergar los resultados censales para evitar entrar en el debate de la redistribución de escaños y recursos en el escenario previo a las elecciones generales de 2025. Con esto esperaba ahorrarse complicaciones en temporada de campaña electoral.
Se inició un largo debate que incluyó reuniones y mesas de diálogo que no prosperaron. Sin embargo, la oposición logró posicionar efectivamente que no era admisible el retraso en la redistribución de escaños y recursos hasta luego de las elecciones generales de 2025. En el tiempo, el Gobierno nacional fue cediendo en esto y acabó concediendo que esto ocurriría en 2024. Pese a esto, la posición cruceña se mantuvo inalterable y porfió con que la fecha de realización del Censo debía ser, indefectiblemente, en junio de 2023. Esto fue ratificado por el cabildo del 30 de septiembre.
PARO Y CRISIS.
El paro estuvo precedido por declaraciones y acusaciones de uno y otro lado, se reprochaban mutuamente no buscar una solución dialogada. El paro comenzó, tal como estaba programado, el sábado 22 de octubre. Ese mismo día se produjo un encuentro entre una delegación presidencial y los tres líderes del Comité Interinstitucional. Se cumplieron los requisitos demandados por los dirigentes cruceños: fue en Santa Cruz de la Sierra y fue transmitido por televisión.
En esa reunión, el Gobierno nacional presentó una propuesta: Censo en abril de 2024 y resultados en octubre de 2024. La posición cruceña se mantuvo inalterable: Censo en 2023.
El 27 de octubre, el Gobierno nacional determinó el cierre de las exportaciones de aceite y harina de soya. La medida estuvo vigente por 48 horas y se destrabó con un diálogo.
Los días del paro indefinido transcurrían. El presidente Arce citó a una reunión de autoridades nacionales y subnacionales para el 28 de octubre en Cochabamba. No se lograron avances y las posiciones se mantuvieron inalterables. Camacho no asistió y el rector Cuéllar presidió la representación cruceña.
“Ninguna de las propuestas fue considerada. Ustedes saben que no era un escenario técnico, era un escenario eminentemente político. Lo que ha hecho el Presidente es recibir los insumos para que, en función de eso, tomar una decisión”, explicó la autoridad académica.
Ante los fracasos y la imposibilidad de alcanzar acuerdos, el presidente Arce convocó, finalmente, a reunión de mesas técnicas en Trinidad, con el objetivo explícito de definir ahí la fecha para el conteo poblacional. El viernes 4 de noviembre, en la capital beniana, se inició el trabajo. El rector Cuéllar nuevamente presidió la representación cruceña y el gobernador Camacho no asistió.
Las críticas a las mesas técnicas fueron constantes desde un inicio por parte de Cuéllar y otros miembros de la delegación cruceña. Finalmente, optaron por retirarse anticipadamente. La madrugada del miércoles 9 de noviembre culminó el trabajo y la conclusión fue recomendar que el Censo se realice en marzo o abril de 2024.
Esta reunión marcó un punto de inflexión en la actitud del Gobierno nacional hacia la dirigencia cruceña que impulsaba la protesta del paro indefinido en Santa Cruz. No volvió a insistir en el diálogo. A partir de entonces el conflicto dejó de ser comprensible como una disputa posible de resolverse con argumentos técnicos a una medición de fuerzas, con todo lo que ello implica. La ciudadanía cruceña quedó atrapada entre dos voluntades políticas contrapuestas y entregada a la anomia que se apoderó de las calles. El destino del paro se selló en ese momento y se pudo constatar que sus organizadores no estaban en condiciones de mantener el control de lo que estaba pasando en las calles.
El MAS dejó de confrontar. Se dio un repliegue en las amenazas de cerco y de desbloqueos. La Policía fue reduciendo su presencia en las refriegas, que cada vez resultaron siendo menos. El paro y la ciudad quedaron, prácticamente, en manos de los organizadores de la movilización. Las contradicciones entre los tres liderazgos del Comité Interinstitucional comenzaron a aflorar, empeorando el descontrol y la falta de dirección.
Se dio la escasez de combustible, que afectó a todos por igual. Ahí se vieron perjudicados sirios, judíos, moros y cristianos. Esto forzó a que afloje la dureza del paro, para por lo menos mantener activas las diferentes cadenas de abastecimiento para la población.
El paro como tal comenzó a mostrar su lado más negativo, perjudicial y autodestructivo. La capital cruceña se volvió el escenario irreal de una película distópica postapocalíptica. Los ánimos comenzaron a caldearse a niveles muy altos, con ciudadanos entrando en actos de violencia incomprensibles en otras circunstancias.
CABILDO.
El 13 de noviembre, con 23 días de paro indefinido a cuestas, se llevó a cabo el segundo cabildo de este ciclo de conflictividad. Se plantearon cinco preguntas. La primera fue la siguiente: ¿Están todos de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del Censo antes de las elecciones de 2025?
Este fue recién el punto de inflexión en la posición cruceña. Se dejó de demandar que el Censo se realice en 2023 y se concentró el reclamo en que los resultados se apliquen, en cuanto a la redistribución de escaños, en los comicios nacionales próximos.
Con esto, se aceptaba de manera directa y a letra muerta, la propuesta hecha por el Gobierno nacional el sábado 22 en Santa Cruz, en la reunión televisada solicitada por los tres líderes del Comité Interinstitucional, en la que se les ofreció exactamente eso.
La segunda pregunta decía: ¿Están de acuerdo en delegar al Comité pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que en el marco legal y democrático revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano? Hasta hoy no se registra ningún avance concreto en ese sentido.
Las preguntas tres y cuatro se dirigieron a los otros ocho departamentos.
Se planteó “reclamar y exigir” que “se unan a esta lucha”. Les dieron un plazo de 72 horas para plegarse “formalmente” y “con medidas efectivas”.
En cada día que llevaba el paro hasta entonces estaba presente la esperanza de que, de algún modo casi milagroso y ya pronto, el resto de Bolivia se uniría a Santa Cruz en su cruzada.
En ese momento, todos los bolivianos serían liderados por los tres ilustres cruceños hasta el dorado paraíso del Censo en 2023.
Pasó todo lo contrario, tal hecho no se dio en ningún momento, pese a los denodados y constantes esfuerzos de líderes opositores en todos y cada uno de los ocho departamentos.
Esto puso en evidencia una lección fundamental que deja la crisis: el cruceñismo es muy potente en la capital cruceña, sobre todo, en las zonas central y norte, pero es absolutamente inútil e impresentable en el resto del país. Esto deja una tarea para la investigación social, porque el camachismo, que expresa la versión de esa dirigencia del repertorio regionalista, tampoco se mostró capaz de entender, menos de comunicarse o entrar en contacto con la población cruceña migrante que vive mayoritariamente en los barrios populares de los cuadrantes este, oeste y sur de la capital.
Tampoco alcanza para relacionarse con municipios como Yapacaní, Cuatro Cañadas, La Guardia, Mairana y tantos otros.
Más aún, el estilo político del camachismo, puesto en evidencia mediante la conminatoria al resto de departamentos a quienes se les dio un ultimátum para cohesionarse bajo su conducción, no solo es burda e irrespetuosa, sino que está profundamente reñida con cualquier idea mínima de cultura democrática.
Dicho de otro modo, la conducción de la protesta por parte de Luis Fernando Camacho tensionó al máximo al propio regionalismo cruceño. El líder de Creemos llevó a este discurso y sus valores hasta el límite de sus posibilidades.
La creencia al respecto es que esta visión encarna lo bueno existente en el mundo y que, si es bien entendida, será abrazada por todos y que la clase dirigente que la sustenta podrá sustentarse en el poder en paz y sin cuestionamientos.
Si bien existen grupos importantes de la sociedad cruceña que impulsan y aceptan estas creencias, quedó en claro que eso no es así para el resto, dentro y fuera de Santa Cruz
Santa Cruz se torna un factor clave para poder gobernar
Quedó demostrado que, en adelante, para cualquier Gobierno instalado en la Casa del Pueblo, Santa Cruz constituye una realidad compleja, nada fácil, pero que no puede ser pasada por alto y debe gestionarse, si se quiere gobernar en paz.
El MAS en Santa Cruz no ha logrado enraizarse. Es visto como un proyecto foráneo, sobre todo, en la capital. El Gobierno también mostró que no cuenta con un equipo que le esté conduciendo a abrirse espacios en la sociedad cruceña urbana. Las ocasionales reuniones con grupos empresariales son necesarias, pero en modo alguno constituyen alianzas políticas sostenibles en el tiempo.
El último cabildo dejó un desafío: revisar la relación entre Santa Cruz y el resto del país. Es algo necesario para unos y otros. Significa, para las dirigencias cruceñas, que deben dejar de pensar en el resto como masas inferiores a las que pueden someter o frente a quienes pueden imponerse a punta de ultimátum. Abre también la necesidad de pensar de qué se trata esa Santa Cruz de la que se habla. El Gobierno, la autoridad mayor en el país, tiene ahora la palabra y la oportunidad de volver a imaginar su relación con las sociedades cruceñas, sobre todo con las clases medias urbanas.
La opción de una ley marca un desenlace inesperado
La quinta pregunta del cabildo era: ¿Están de acuerdo en mantener el paro hasta que dentro de 72 horas sean liberados los ciudadanos detenidos ilegalmente en el ejercicio de su derecho a la protesta y se garantice el fin de la persecución judicial contra el pueblo y sus dirigentes?
El cabildo, con claridad apuntaba ya en ese momento a que tenga un desenlace y se daba un plazo para esto. En el plazo de las 72 horas se liberó a 15 de 17 detenidos por actos de violencia que se registraron y que incluyeron la quema de la sede de los campesinos en la capital cruceña. Al forzar la implementación de la movilización y con las promesas maximalistas y colmadas de apelaciones religiosas que fueron hechas en el transcurso de los días, no les era posible desescalar. Se impuso la necesidad fáctica de contar con algún resultado posible para mostrar, a menos simbólicamente.
El lunes 21 de noviembre se filtró un audio en el que se escuchaba a parlamentario de Creemos en reunión con el rector Cuéllar, discutiendo quién iba a informar que no iba a lograr imponerse la posición del Censo 2023 en la ALP. La cuestión no era ya ni las consideraciones técnicas sobre el Censo ni la pulseta con el Gobierno, sino cómo se iban a repartir las responsabilidades por no entregar el paraíso prometido del conteo poblacional en 2023.
De pronto, contar con una ley se convirtió en la salida desmovilizadora posible. Ya no estaba en cuestión lo que diga la misma. El miércoles 23 de noviembre, Luis Fernando Camacho declaró que “el tema de la fecha (del Censo) vendría a ser el concho, pero no vendría a ser lo determinante”. Indicó que se alcanzó el 90% de lo demandado y pidió a los parlamentarios dar celeridad al tratamiento de la ley.
La madrugada del sábado 26 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la ley que establece la entrega de los resultados censales en septiembre de 2024. Al mediodía, Rómulo Calvo anunció el fin del paro indefinido.
(*)Pablo Deheza Periodista
