Luego de la notificación formal de la Sala Constitucional de Pando, que dejó sin efecto el proceso de las elecciones judiciales, las comisiones mixtas pretenden encontrar una solución para que las elecciones judiciales se realicen este año.
La Comisión Mixta de Justicia aprobó este miércoles una resolución camaral para que el fiscal general del Estado asuma el rol de garante en las acciones penales contra los vocales de la Sala Constitucional en Pando.
“Aprobar el proyecto de resolución camaral de conminar al Fiscal General del Estado (…), asuma la posición de garante realizando las acciones de persecución penal debida por los presuntos hechos ilícitos cometidos por los vocales de la Sala Constitucional de Pando en relación a lo obrado dentro la Acción Popular NUREJ:9032903”, dice la misiva que compartió en sus redes el presidente de esa comisión, Roberto Padilla.
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Fallo
El 30 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando falló a favor de una acción popular que dejó “inaplicable” la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.
De esta manera, todo el proceso quedó desahuciado. Los postulantes estaban en la etapa de evaluación oral y escrita.
La abogada Yeny Dury presentó la acción popular. En su criterio, la Ley 1549 vulnera los derechos de las mujeres indígena originario campesinas de Pando.
La resolución se conoció el 30 de abril, pero las comisiones afirmaron que no se les había notificado formalmente, por lo que el proceso podía continuar.
Sin embargo, el martes la Sala Constitucional de Pando notificó oficialmente a ambas comisiones.
Desacatar la resolución
El presidente de la Comisión Mixta de Constitución propuso el desacato de la resolución de esa sala debido a que, en su criterio, vulnera los derechos de más de 400 postulantes aún en carrera y el derecho de los ciudadanos a elegir sus autoridades
“De los análisis que se puede hacer, es sacar una ‘ley corta’ de manera inmediata y otra es tal vez no obedecer esta resolución por el hecho de que estaría violando los derechos de los postulantes que en estos momentos están en carrera”, afirmo el martes Miguel Rejas en conferencia de prensa.
Sin embargo, el legislador Juan José Jáuregui, miembro de la misma comisión, afirmó que ésta era una propuesta personal de Rejas, no de la comisión. En su opinión, el cumplimiento de la resolución es obligatorio e inmediato.
‘Ley corta’
Padilla, por su parte, advirtió que una ley corta no resolvería nada, puesto que los tribunales departamentales volverían a frenar el proceso. Por ello insiste en las acciones penales contra los vocales.
Ambos jefes de comisión coincidieron en que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, debe convocar a una sesión. En ella, se definirá cuál será el procedimiento que se seguirá y se tome las decisiones pertinentes.
Como los plazos previstos en la Ley 1549 ya expiraron, existe el riesgo de que coincidan con las elecciones primarias, previstas para agosto o septiembre.
Debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no puede realizar dos procesos electorales de forma simultánea, las elecciones judiciales están en vilo.
