El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, indultó este viernes a agentes de fuerzas de seguridad condenados por crímenes cometidos hace más de 30 años, lo que según expertos en derecho aplica a responsables de la masacre en la prisión de Carandiru, ocurrida en 1992.
El decreto del mandatario, a nueve días de dejar el poder, concede el tradicional perdón de Navidad, entre otros, a agentes condenados por crímenes en ejercicio de su función hace más de tres décadas, y que «no hayan sido considerados atroces (de extrema gravedad) en el momento», detalla la publicación en el diario oficial.
Según especialistas, aunque no los menciona, la medida comprende a 74 policías condenados por la masacre que tuvo lugar en la prisión de Carandiru, en Sao Paulo, el 2 de octubre de 1992, cuando unos 111 detenidos fueron asesinados en una intervención de la Policía Militar, que buscaba controlar un motín.
Pese a que los agentes fueron juzgados y condenados, múltiples recursos ante la justicia brasileña les permitieron hasta ahora responder al proceso en libertad, según la prensa brasileña.
Para Thiago Bottino, profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas en Rio de Janeiro, el indulto se aplica por varios criterios a la masacre ocurrida hace más de 30 años: el criterio temporal; la referencia a agentes de seguridad pública; y la aclaración de que se aplica a condenas definitivas o provisorias, como son muchas en este proceso.
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«Por todos esos elementos, vale la aplicación a este caso», dijo Bottino a la AFP, concordando con otros juristas citados por la prensa local.
Tras el indulto, que no es de carácter automático, la defensa de los condenados puede pedir a la Justicia la anulación de los procesos.
El abogado de los policías que intervinieron en Carandiru, Eliezer Pereira Martins, solicitará la suspensión del proceso penal tras el indulto, según dijo a Folha de S. Paulo y a otros medios locales.
Algunos juristas cuestionaron la constitucionalidad de la decisión de Bolsonaro, alegando que se trata de un indulto hecho «a medida» para este caso.
Pero para Bottino, aunque este indulto «particulariza demasiado», comparado con decretos de años anteriores, esto no le parece «suficiente para declarar la inconstitucionalidad de ese decreto».
«El indulto es una prerrogativa del presidente de la República, que puede elegir cuál es el alcance del decreto».
La matanza de 1992 ocurrió cuando se desplegó un vasto operativo de seguridad para contener una riña entre presos que desembocó en una rebelión generalizada en este presidio, que por entonces era el mayor de América Latina, con unos 8.000 internos.
Según la acusación, los presos fueron ejecutados, mientras que la defensa de los policías alega que estos dispararon en legítima defensa, amenazados y agredidos por los prisioneros amotinados.
Tras la matanza, el penal de Carandiru fue clausurado.
