El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reineiro Vargas, anunció que la casa de estudios se declaró en emergencia. Llamó “secuestro” a la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Pasado el mediodía de este miércoles, la aprehensión del gobernador Camacho se ejecutó por agentes policiales cuando iba a ingresar a su domicilio en la capital cruceña. Lo trasladaron al aeropuerto de Viru Viru y extraoficialmente se indicó que es llevado a La Paz en helicóptero.
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El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó el operativo mediante su cuenta de Twitter. “Informamos al pueblo boliviano, que la Policía Boliviana dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho”.
El gobernador está aprehendido por el caso Golpe de Estado I. Indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en 2019, en medio de protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
CAMACHO EN LA CRISIS DE 2019
Camacho tuvo un papel crucial en las movilizaciones de entonces, ya que era el presidente del comité cívico cruceño. Posteriormente, admitió que su padre, José Luis Camacho, también investigado, “cerró con los militares para que no salgan” a defender al gobierno en 2019.
El vicerrector Vargas adelantó que habrá una reunión para analizar lo sucedido con el gobernador. Se solicitará un análisis jurídico a la Facultad de Ciencias Jurídicas. “Nos ha sorprendido a todos”, declaró en conferencia de prensa.
“Todos estamos alertas y pendientes de lo que suceda en Santa cruz. Exigimos que se cumpla la Constitución Política del Estado con la separación de poderes”, complementó. Se espera una reunión a las 17.00 del Comité Interinstitucional cruceño.
El 12 de noviembre de 2019, la entonces senadora opositora Jeanine Áñez asumió como presidenta interina, sin el respectivo quórum en la Asamblea. Tampoco cumplió el reglamento de la Cámara de Senadores, estableció la Fiscalía.
Por ello, Áñez se encuentra en la cárcel de Miraflores de La Paz y cumple una sentencia de 10 años de prisión, en primera instancia, en el caso Golpe de Estado II, por su proclamación como mandataria en medio de la crisis política de hace tres años.
