Las revelaciones sobre la indemnización pagada a una exdirectora de la aerolínea portuguesa TAP que luego entró al gobierno provocaron el jueves dos nuevas renuncias en el Ejecutivo socialista, bajo presión de la oposición.
La serie se inició el martes con la dimisión de la funcionaria en el centro de la polémica, la secretaria de Estado del Tesoro, Alexandra Reis. Y prosiguió este jueves con la caída del ministro de Infraestructuras (que rige la TAP), Pedro Nuno Santos, y de su secretario de estado, Hugo Santos Mendes.
Santos justificó su decisión por «la forma en que la opinión pública percibe este asunto», que lo llevó a «asumir las responsabilidades políticas».
La polémica sobre el «TAPgate», como lo llama el Diario de Noticias, estalló tras saberse que Reis recibió una indemnización de 500.000 euros ($us 531.000) cuando dejó en febrero el consejo de administración de TAP Air Portugal antes de finalizar su contrato.
Unos meses más tarde, fue nombrada jefa de NAV, empresa pública encargada del control aéreo, y en diciembre ingresó al gobierno como secretaria de Estado del Tesoro, en el ministerio de Finanzas.
Tanto TAP como NAV están bajo la tutela del ministerio de Infraestructuras.
Reis alegó que la suma que recibió estaba contemplada por la ley, una información que la compañía aérea confirmó.
Pero la oposición exige explicaciones sobre las condiciones de su salida de TAP, en pleno proceso de reestructuración con recortes de personal y de salarios para muchos empleados.
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– Gobierno «debilitado» –
«Nos enfrentamos a una epidemia de crisis políticas que provoca inestabilidad», deploró Paulo Rangel, vicepresidente del Partido Socialdemócrata (centro-derecha), principal grupo de la oposición, exigiendo al primer ministro socialista Antonio Costa que se explique ante el Parlamento «la semana próxima».
La formación Iniciativa Liberal, que cuenta con 8 de los 230 diputados, anunció que presentará una moción de censura.
«El gobierno cuenta con el apoyo de una mayoría absoluta en el Parlamento y puede seguir haciendo su trabajo», aseguró el ministro de Medio Ambiente, Duarte Cordeiro.
No es la primera vez que Santos, que ejercía responsabilidades gubernamentales desde hacía siete años y que a menudo se presenta como posible sucesor del primer ministro, se encuentra bajo el fuego de las críticas.
En junio, el jefe de Gobierno desautorizó su proyecto de construcción de un aeropuerto complementario en Lisboa.
Después de esta nueva polémica, «el Ejecutivo sale necesariamente debilitado, con una imagen disgregada que merma su credibilidad», dijo a la AFP la politóloga Paula do Esprito Santo.
El grupo aéreo portugués, cuyas dificultades aumentaron con la pandemia de COVID-19, fue completamente nacionalizado en 2020, a cambio de la aplicación de un plan de reestructuración impuesto por la Comisión Europea evaluado en 3.200 millones de euros.
El gobierno anunció su intención de volver a privatizar al grupo.
