Las protestas en Perú que piden la renuncia del actual gobierno tras la destitución del presidente Pedro Castillo podrían reactivarse en enero, mientras la nueva gobernante, Dina Boluarte, pidió «reflexión» y «diálogo».
Boularte, quien era vicepresidenta, asumió el gobierno de Perú luego de que, el 7 de diciembre, el izquierdista Castillo intentó cerrar el Congreso, pero no tuvo respaldo institucional y fue detenido para ser investigado por rebelión.
Su caída desató violentas protestas las siguientes dos semanas, que dejaron 22 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Estas manifestaciones, principalmente en sectores rurales del sur del Perú, menguaron hacia fines de diciembre tras la intervención militar y con las fiestas de fin de año, pero pueden reactivarse.
«Tenemos información de que posiblemente, a partir del 4 de enero del próximo año, nuevamente tengamos conflictos sociales, muy particular en la zona sur», sostuvo el ministro del Interior, Víctor Rojas, durante una conferencia con la Asociación de la Prensa Extranjera en PerúRojas dijo que viajará a Arequipa (sur), Cusco y Puno (sureste) «para establecer y corroborar la información y disponer los servicios policiales».
Agregó que la acción policial no será «de represión sino para proteger la propiedad y el libre tránsito».
La presidenta Boularte, quien encabezaba la rueda de prensa, hizo un llamado a la «reflexión».
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«A pesar de que las protestas sean pacíficas, generan pérdidas para el Estado, (…) con estos ingresos podemos resolver problemas de salud, agua, desagüe, carreteras (…) Los llamo a la reflexión», dijo.
«Sé que con justa razón reclaman lo que no se ha atendido. Que sus reclamos sociales son justos y no nos negamos a atenderlos. Sentémonos en la mesa y pongamos la agenda con fecha específica y empecemos a trabajar», agregó la exvicepresidenta.
Gremios de las regiones de Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa, todas en el sur y donde Castillo obtiene alto apoyo, ya adelantaron que volverán a las calles, sin precisar fecha.
-«No pedí esas muertes»-
Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones al 2023. En un intento de mitigar la crisis, el Congreso aprobó hace una semana pasar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.
La declaratoria de un estado de emergencia permitió que los militares participaran en la contención de manifestaciones. La Defensoría del Pueblo ha pedido una investigación por la muerte de varios manifestantes por disparos al cuerpo.
«Cuando asumía no pensé que iba a haber tremenda violencia. No fue fácil para nosotros tomar la decisión de declarar un estado de emergencia (…) la violencia y los fallecidos me duelen en el alma, yo no pedí esas muertes», dijo Boluarte.
El jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, precisó que la investigación de las muertes se realizará en el fuero común y reiteró que no habrá «impunidad».
Castillo justificó su intento de golpe en la obstrucción que le ejercía el Congreso para ejercer sus funciones y denunció tratos racistas.
Pero no tuvo respaldo institucional y fue destituido por el Congreso y detenido para ser investigado por rebelión.
-Relaciones con México-
Castillo fue detenido horas después de su intento de golpe, cuando trataba de llegar a la embajada de México para asilarse.
Días después el gobierno de Andrés Manuel López Obrador concedió asilo a su esposa e hijos, y entregó su respaldo a Castillo, a quien consideró una «víctima de las élites» en el Perú.
Ante ello, la cancillería peruana pidió al embajador mexicano que se retire del país. Además llamó en consulta a su embajador en México, Colombia, Bolivia y Argentina, cuyos gobiernos también respaldaron a Castillo.
Pese a ello, «seguimos manteniendo las relaciones diplomáticas con México (…) a través de nuestra cancillería estamos trabajando arduamente para poder restituir a nuestros embajadores pedidos en consulta y puedan regresar a sus embajadas», explicó Boluarte.
Perú es miembro de la Alianza del Pacífico junto con Chile, Colombia y México, un bloque comercial que representa el 38% del PIB de la región.
