La Asamblea de la Cruceñidad resolvió ayer un paro cívico de 24 horas, a realizarse desde las 00.00 horas de hoy, por la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho.
También determinó el bloqueo de carreteras y la vigilia permanente en todas las instituciones públicas.
La medida es asumida en rechazo al “secuestro” del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho por parte de “organismos de seguridad del Gobierno”.
Resoluciones
De la misma forma, se anunció la condena y desconocimiento del actual comandante departamental de la Policía, coronel Jhonny Chávez Bascopé.
“Condenar y desconocer al actual comandante departamental de la Policía, quien se ha prestado a este vil acto atentatorio contra la vida del Gobernador, instando a la tropa policial a cumplir su mandatado constitucional de defensa de la democracia”, señala una de las resoluciones.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, leyó las resoluciones, conforme a las atribuciones de la Asamblea de la Cruceñidad, conferidas por sus estatutos orgánicos.
“Se declara paro cívico departamental a partir de las cero horas del día viernes (hoy) 30 de diciembre de 2022, exigiendo la inmediata liberación del Gobernador del departamento”, dijo Calvo.
Cabe recordar que hace poco Santa Cruz salió de un paro que duró 36 días. Esta medida fue asumida en demanda de la realización del Censo en 2023.
Secuestro violento de Camacho
Entre las resoluciones, también está el repudio al “secuestro violento” y posterior aprehensión en contra del gobernador y expresidente cívico Luis Fernando Camacho.
“Manifestamos que el pueblo cruceño estará movilizado y en emergencia permanente exigiendo su inmediata liberación y retorno a la ciudad de Santa Cruz”, apuntó.
También se exigió al Poder Judicial que no se preste más al manoseo político y haga respetar la independencia de poderes.
Calvo acotó que esta es una condición esencial de la institucionalidad democrática y de los estados de derecho.
Igualmente, se denunció ante la comunidad internacional que el Gobierno, presidido por Luis Arce, ha instaurado en Bolivia un “régimen de terrorismo de Estado e inseguridad jurídica”.
Ello, según Calvo, mediante la persecución política, criminalización de facto del ejercicio del disenso, la protesta y la libre expresión.
Calvo hizo referencia a la manipulación del Ministerio Público y los tribunales de justicia a los que tiene sometido el Ejecutivo.
Por lo que insta a todas las instituciones cruceñas descentralizadas, autonómicas, autárquicas y gremiales, a sumarse a la lucha.
Para ese cometido, les pidió ejecutar todas las acciones pertinentes y necesarias para cumplir y hacer cumplir lo decidido dentro de la “magna asamblea”.
Finalmente, señaló que se otorga “poder de decisión absoluto” al directorio al Comité Pro Santa Cruz y su presidente para decidir cualquier otra medida necesaria, “a fin de llevar adelante lo resuelto” en la asamblea.
Caso Golpe I
Camacho está acusado por el delito de terrorismo, en el marco de las investigaciones del proceso Golpe de Estado I. La Fiscalía pidió seis meses de detención preventiva en el penal de Chonchocoro.
En este caso se investiga, principalmente, a seis personas: la expresidenta transitoria Jeanine Áñez; los exministros Arturo Murillo, Yerko Núñez Negrette y Luis Fernando López; además de Luis Fernando Camacho Vaca y su padre, José Luis Camacho Parada.
