El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que, de las dos acciones de libertad presentadas por la defensa de Luis Fernando Camacho, respecto al mandamiento de aprehensión y ejecución, una fue rechazada.
“Sobre la situación de mandamiento de aprehensión y la ejecución, se presentó dos acciones de libertad, una en La Paz y otra en Santa Cruz. Se ha rechazado la presentada en La Paz y la audiencia de Santa Cruz se llevará a cabo, por lo que está pendiente de determinación”, dijo en conferencia.
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Aclaró que esa orden fiscal fue ejecutada por la Policía en los términos jurídicos y procesales.
“Ni la orden de aprehensión, la actuación de la Policía ni la audiencia cautelar pueden ser discutidas (por la defensa de Camacho). Las reglas del debido proceso son para todos los bolivianos”, afirmó.
“No ha habido abuso ni secuestro”, acotó.
Secuestro
Políticos de oposición y cívicos cruceños aseveraron que Camacho había sido “secuestrado”, el pasado miércoles, y añadieron que no correspondía ese “secuestro” porque se trata de una autoridad electa.
Lima les respondió que no hay bolivianos de primera y segunda, además que los políticos no forman parte de una clase privilegiada ni están por encima del resto de los ciudadanos.
Proceso
El proceso de Luis Fernando Camacho, enmarcado en el denominado Golpe de Estado I, inició en octubre de 2020 con una calificación provisional con base al delito de terrorismo, figura que puede cambiar en la preparación del juicio.
Anteriormente, el Gobernador cruceño fue citado para declarar en La Paz, pero no se presentó en la Fiscalía Departamental.
Lima rememoró que Camacho negó su concurso permanentemente a declarar, tanto en Santa Cruz como en La Paz “con excusas y pretextos”.
Esta negativa, de acuerdo con Lima, permitió la aplicación del artículo 226 de la ley 1970 del Código de Procedimiento Penal.
“La ley dice que el Ministerio Público puede activar la aprehensión de cualquier ciudadano que se niegue a brindar declaración ante la instancia competente, eso ha ocurrido”, apuntó.
“Su padre (de Luis Fernando Camacho) declaró en Santa Cruz, los demás actores tienen conocimiento del caso, entonces no es nuevo porque ya está en tribunales de justicia hace dos años”, acotó.
Explicó que, ante la reiterada negativa de declarar, el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión contra el Gobernador, en octubre de este año.
“Por todo ello, se descarta que el Gobierno avale un secuestro”, señaló.
Vacación judicial
Otro de los argumentos para exigir la liberación de Camacho fue que, en la actualidad, está vigente la vacación judicial.
Lima aclaró que la vacación judicial es un derecho para todos los administradores de justicia, pero que no aplica al Ministerio Público.
“La Fiscalía trabaja todos los días del año. No hubo una orden judicial, sino una orden fiscal”, dijo.
Recordó que el Tribunal Constitucional establece que la vacación judicial no pude interferir las garantías de ningún imputado, por lo tanto, siempre debe haber un juez cautelar.
Por ello, el expediente de Luis Fernando Camacho pasó al juzgado siguiente.
“La vacación judicial no afecta a los fiscales, está prevista para jueces y la sentencia exige que un juez cautelar de garantías atienda el caso”, detalló.
Quemas
También se refirió a la obstaculización a la investigación respecto a la quema del inmueble del Ministerio Público y de Derechos Reales, entre otros; (entre el miércoles y jueves), así como a las amenazas permanentes de tomas de otras instituciones públicas.
Anunció que todas las instituciones afectadas activarán las acciones penales para que no queden en la impunidad dichos ataques.
Adelantó que el Ministerio de Justicia será parte coadyuvante en los procesos.
“Se van a realizar las audiencias cautelares, hay siete acciones penales por las quemas de inmuebles y no se va permitir que se cometan delitos de orden público”, afirmó.
Masacres
Respecto a las masacres en Senkata y Sacaba, a finales de 2019, el titular de Justicia anunció que a finales de enero del próximo año llegarán al país dos comisionados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Acotó que los expertos harán una evaluación de los avances respecto al resarcimiento a las víctimas.
Finalizó indicando que queda pendiente el inicio de juicio penal por esas masacres, una vez que ya concluyó la etapa preparatoria.
