El representante de las víctimas de la masacre en Huaylluni, Leonardo Jora, informó que la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho significó un aliciente para los familiares de los fallecidos en noviembre de 2019.
“La aprehensión de Camacho nos da un alivio a todas las víctimas, porque durante estos tres años nosotros hemos esperado que actúe la justicia como corresponde según a la ley”, dijo.
Sin embargo, aseguró que esta acción no significa que el sector doliente se encuentre contento, por lo que resaltó que exigen a las autoridades sentencia para el gobernador por los actos de violencia en 2019.
En la madrugada de este viernes, luego de una audiencia de medidas cautelares, el juez Sergio Pacheco dictaminó cuatro meses de detención preventiva para Camacho en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, La Paz.
Al respecto, Jora manifestó que su sector exige que se dicte una sentencia para la autoridad, con la pena máxima de 30 años en prisión.
“Nosotros queremos que entre a la cárcel por 30 años, por todos nuestros hermanos caídos en Huayllani, en Sacaba el 15 de noviembre de 2019”, dijo.
Asimismo, resaltó que la aprehensión de Camacho no es una venganza ni persecución del Gobierno, por lo que aseguró que es un acto de justicia.
“Todo ser humano que haya actuado en contra de la ley tiene que pagar en la justicia, tiene que estar en la cárcel”, apuntó.
No obstante, resaltó que, aunque la exautoridad obtenga la pena máxima o las familias sean compensadas con montos económicos, por ningún motivo los familiares recuperarán la vida de sus muertos.
El representante exigió a la justicia que actúe con celeridad, ya que tuvieron que pasar tres años para la aprehensión de uno de los responsables.
“Estos tres años han tardado mucho y eso nos da a entender que la justicia es para los ricos y no para los pobres”, lamentó.
Aseguró que los hechos que se realizaron en 2019 fueron planificados.
“El militar o policía de base no puede alzar sus armas sin orden, entonces para esto ha habido un decreto”, aseguró.
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El 14 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078 que eximía a militares de juicios penales por las acciones que desarrollen en los conflictos.
El tercer artículo de ese decreto, que luego el 28 de noviembre fue abrogado, determinaba de manera expresa que “el personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal…”.
Masacre
Aquel 15 de noviembre del 2019, – un día después de la emisión de la polémica normativa- cocaleros y miembros de otros sectores sociales intentaron entrar en una masiva marcha a la ciudad de Cochabamba, exigiendo el restablecimiento del proceso democrático.
Ese mismo día se produjo una masacre en el puente Huayllani, en el municipio de Sacaba, por donde estos grupos intentaban ingresar al centro cochabambino.
En el hecho, al menos 11 civiles, todos indígenas, perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos, presentaban heridas de bala.
