El Parlamento de Italia ha dado este viernes ‘luz verde’ a una nueva legislación en contra de las ‘raves’ y fiestas ilegales en medio de una sesión fuertemente marcada por la polémica y la tensión entre Gobierno y oposición.
La ley, que ha sido aprobada con 183 votos a favor y 116 en contra, fue propuesta por el Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni argumentando que en estas fiestas a menudo se produce compraventa de droga y se pone en peligro la seguridad pública.
Tras una tensa sesión en el Parlamento, el presidente del país, Sergio Mattarella, ha firmado ya de noche la ley, que establece penas de tres hasta diez años de prisión y multas que pueden llegar a alcanzar los 10.000 euros.
La oposición, por su parte, no solo ha criticado esta medida, sino que han denunciado que el Gobierno ha aprovechado la ocasión para incluir en la votación un paquete de medidas relacionado con la pandemia, y así asegurarse su aprobación.
Entre estas nuevas medidas se incluye que aquellos médicos y personal sanitario que se haya negado a vacunarse contra la COVID-19 puede volver a su puesto de trabajo, eliminando por tanto la prohibición impuesta por el Ejecutivo anterior para estos casos.
Ya en noviembre Meloni dictó un decreto que revocaba la medida, si bien ahora con este paso ha convertido aquella decisión ya en ley, aprobada por el Parlamento.
Desde la oposición han denunciado que este cambio de rumbo supone una respuesta equivocada del Gobierno no solo en favor de quienes se oponen a la vacuna, sino también una señal errónea en un momento en el que la comunidad internacional vuelve a ver con temor el avance del coronavirus en China.
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Con este caldo de cultivo, los grupos de oposición han tratado de bloquear la aprobación del proyecto de ley, sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana, de la ultraderechista Liga, ha interrumpido las intervenciones y ha organizado una votación exprés.
Fontana ha hecho uso del recurso denominado ‘guillotina’, un procedimiento que limita los tiempos del debate en la cámara y permite, por tanto, avanzar rápidamente hasta la votación final. Hasta la fecha, esta maniobra parlamentaria tan solo se había utilizado en una ocasión.
en pelien la que el presidente de la cámara h bajo sanciones que van desde multas económicas hasta largas penas de prisión.
La ley fue propuesta por el Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni, que argumenta la medida en que en estas reuniones –a menudo celebradas en edificios abandonados y con miles de asistentes– se venden drogas y se en peligro la seguridad pública.
Tras una tensa sesión en el Parlamento italiano, el presidente del país, Sergio Mattarella, ha firmado ya de noche la ley, que establece penas de tres hasta diez años de prisión y multas que pueden llegar a alcanzar los 10.000 euros.
La oposición ha criticado duramente la medida, no solo porque consideran que atenta contra el derecho de reunión, sino porque aseguran que el Ejecutivo ha aprovechado la legislación para incluir otro paquete de medidas, incluidas algunas relacionadas con la pandemia.
