Yassir Molina, cabecilla de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), tiene “información fidedigna” sobre el rol de Arturo Murillo, Rómulo Calvo y Manfred Reyes Villa, entre otros, en la crisis de 2019.
“Debo brindar información fidedigna sobre el grado de participación y autoría sobre los hechos acaecidos durante septiembre a diciembre de la gestión 2019 de los siguientes involucrados”, dice.
Esta solicitud del caso la envió al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
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Molina hace referencia a Diego Murillo Téllez, concejal de Cochabamba, y Manfred Reyes Villa, alcalde de ese municipio.
También menciona a Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, y a Mauricio Muñoz Encinas, actual secretario Administrativo y Financiero de la Alcaldía de Cochabamba.
Marcelo Piérola, expresidente del Comité Cívico de Cochabamba, y Rómulo Calvo, actual presidente del Comité pro Santa Cruz, también están en la nómina.
En la lista figura además Jorge Valda, exasesor legal del Comité pro Santa Cruz, entre otras personas.
“Siendo imperativo el procesamiento penal de todos los autores e involucrados, más aún si estos son a la fecha autoridades de Gobierno, funcionarios públicos del Estado”, aclara.
Procedimiento abreviado
De acuerdo con Molina, la cooperación que brindará consolidará la viabilidad de procedimiento abreviado en su favor.
Molina y otros son acusados de causar destrozos y asedio al edificio de la Fiscalía General del Estado, en Sucre, en 2020.
“La pena a ser impuesta en cuanto sea la más favorable, dependerá no solo de la aceptación voluntaria de la autoría del ilícito, sino también del arrepentimiento eficaz”, acota.
“Y principalmente de la cooperación brindada a efectos de esclarecer cómo se suscitaron los hechos y quienes tomaron participación efectiva de la consumación de él o los delitos”, complementa.
Resistencia Juvenil Cochala
Luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la RJC emergió como grupo de choque en Cochabamba.
Sus integrantes, entre varones y mujeres, circulaban en motocicletas amedrentando a manifestantes a favor de Evo Morales y del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Encapuchados, portando bazucas artesanales y bates de béisbol, sembraron el miedo y terror.
Sus principales cabecillas, expresaban su apoyo a la demanda de renuncia de Evo Morales, por un supuesto fraude electoral.
También se autoproclamaron como defensores de la democracia.
Los medios de comunicación reflejaron cómo la RJC arremetía con puñetes y patadas contra mujeres de pollera y campesinos que rechazaban la proclamación de Jeanine Áñez.
También agredieron físicamente y humillaron a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, del MAS.
A la entonces alcaldesa le cortaron el cabello, le echaron pintura y obligaron a caminar descalza por las calles.
Esas acciones delincuenciales de los “motoqueros” recibieron elogios de Áñez y Murillo, cuando se hicieron del poder a finales de 2019.
Incluso Amparo Carvajal, la otrora presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), les dijo que eran “una resistencia necesaria”.
Grupos paraestatales
El 17 de agosto de 2021, la encargada de negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips, pidió a Bolivia «desmantelar” a los grupos “paraestatales” identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI identificó a la RJC y a la Unión Juvenil Cruceñista (brazo armado del Comité pro Santa Cruz) como grupos parapoliciales violentos.
Declaración política
Conocida la intención de Molina de acogerse a procedimiento abreviado, Milena Soto. otra cabecilla, expresó su preocupación y aseveró que se trata de una declaración política.
“Está echándose la culpa de delitos que no ha cometido ninguno de nosotros (…) según lo que le parezca irá dando nombres negociando su liberación. Es netamente político”, aseveró.
