La tarde de este miércoles, se reinstaló la audiencia de juicio oral contra los principales líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), por los destrozos a instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en 2020.
El proceso se ventila en el Juzgado de Sentencia Penal Tercero, del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca.
En el lugar se encuentran los principales acusados: Yassir Esteven Molina Lozada, Milena Soto, además de los hermanos Marco Antonio y Fabio Alejandro Bascopé Revuelta.
Los líderes de la RJC son enjuiciados por los delitos de organización criminal; tenencia, portación y uso de armas de fuego convencionales; atentado contra bienes públicos; privación de libertad; impedir y estorbar el ejercicio de funciones; destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y daño calificado.
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El lunes, se declaró un cuarto intermedio en la audiencia luego que la Justicia rechazó la solicitud de Molina Lozada de someterse a un proceso abreviado, por los destrozos y asedio al edificio de la FGE.
Luego de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, la RJC emergió como grupo de choque en Cochabamba.
Sus integrantes, entre varones y mujeres, circulaban en motocicletas amedrentando a manifestantes que expresaban su apoyo al MAS y a Evo Morales.
Encapuchados, portando bazucas artesanales y bates de béisbol, sembraron el miedo y terror.
Sus principales cabecillas expresaban su apoyo a la demanda de renuncia de Morales, por un supuesto fraude electoral. También se autoproclamaron como “defensores de la democracia”.
El mismo lunes, Yassir Molina afirmó tener “información fidedigna” sobre el rol del exministro Arturo Murillo, el cívico cruceño Rómulo Calvo y el alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa, entre otros, en la crisis de 2019.
En ese marco, dijo que esa información debería ser considerada como una “cooperación” para viabilizar el procedimiento abreviado en su favor.
No obstante, el Ministerio de Gobierno —en su calidad de parte acusadora— se opuso al proceso abreviado y solicitó que se realice un juicio oral.
El 17 de agosto de 2021, la encargada de negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips, pidió a Bolivia “desmantelar” a los grupos “paraestatales” identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Ese grupo de trabajo identificó a la RJC y a la Unión Juvenil Cruceñista (brazo armado del Comité pro Santa Cruz) como grupos parapoliciales violentos.
