«Al grito de cierren el Congreso», cientos de simpatizantes del presidente peruano, Pedro Castillo, marcharon este jueves por las calles de Lima en apoyo al mandatario izquierdista quien se encuentra bajo seis investigaciones por presunta corrupción.
Los manifestantes a favor de Castillo llegaron de varias regiones del Perú para recorrer las calles del centro histórico hasta llegar a una cuadra del Parlamento donde decenas de policías antidisturbios impidieron con gases lacrimógenos que los manifestantes llegaran al Congreso.
La policía dispersó a los manifestantes que sintieron los efectos de los gases lacrimógenos.
«El presidente es del pueblo, por primera vez en la historia del Perú tenemos un presidente que no tiene ningún tipo de corrupción», dijo a la AFP William Zacatoma que vino desde la región andina de Ayacucho.
Los simpatizantes pertenecientes a partidos de izquierda, organizaciones civiles, campesinos y estudiantes marcharon en la movilización denominada «La Toma de Lima» desde la Plaza San Martín con intención de llegar la Parlamento.
Los manifestantes portaban banderas y carteles con la fotografía de Castillo y donde se leía «En defensa de la Gobernabilidad, la democracia y el voto popular».
«Vengo a reclamar por mis derechos porque qué el Congreso no deja trabajar al presidente que hemos elegido», declaró a la AFP Carmen Romero de Huancavelica quien golpeaba dos tapas de ollas en señal de protesta.
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Similares movilizaciones convocadas por grupos políticos y asociaciones civiles se realizaron en las ciudades de Cusco, Arequipa, Huancayo y Chimbote.
Las movilizaciones se realizan a 10 días de la llegada de una Comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar la aguda crisis política en Perú.
El sábado, miles de manifestantes marcharon por las calles de Lima al Congreso para reclamar la renuncia del presidente izquierdista Pedro Castillo.
Castillo, en el poder desde julio de 2021 para un mandato de cinco años, ha debido enfrentar dos intentos de destitución por parte del Congreso -dominado por la oposición-, y responder a seis investigaciones fiscales por presunta corrupción suya y de su círculo familiar y político más cercano.
La Fiscalía denunció formalmente el 11 de octubre a Castillo ante el Parlamento por presunta corrupción, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y a la suspensión del presidente.
Castillo, maestro rural de 53 años, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
