La Asamblea de la Paceñidad resolvió la noche de este lunes demandar que el decreto 4824, que fija el Censo para el 23 marzo de 2024, sea elevado a rango de ley, como exige el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, tras un cabildo el fin de semana.
“Vamos a aceptar lo que pide Santa Cruz, en el cabildo acordaron ayer que el decreto supremo del Gobierno se eleve a rango de ley, nosotros estamos aceptando lo mismo”, afirmó el alcalde Iván Arias, tras la conclusión de ese encuentro.
Asimismo, afirmó que la asamblea rechazó ir a un paro, como ocurre en Santa Cruz, donde ya llevan 24 días con esa medida de presión.
Arias descartó esa medida de presión, luego que el cabildo cruceño dio 72 horas al resto de los departamentos para que se “unan formalmente” al paro indefinido que se ejecuta en Santa Cruz.
Lea más: Santa Cruz mantiene el paro: da un plazo de 72 horas al Gobierno para la liberación de los detenidos
Arias informó que también se determinó promover una “ley de censos” para normar que el empadronamiento nacional se realice cada 10 años, durante el tercer trimestre.
El alcalde paceño sostuvo que para que esa propuesta sea tomada en cuenta, se solicitará el apoyo de la brigada parlamentaria paceña.
Arias agregó que la asamblea también resolvió proponer la creación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que no dependerá del Órgano Ejecutivo.
Actualmente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) depende del Ministerio de Planificación.
El INE “hace lo que el ministro quiere (…), pedimos que se elija a su director por dos tercios en la Asamblea Legislativa”.
Se resolvió también exigir que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) actualice el padrón electoral, para que se aplique en las elecciones generales de 2025.
Asimismo, en el encuentro se expresó el repudio a “la violencia policial y de grupos paramilitares”, además de la libertad de “presos políticos”.
El cabildo convocado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz determinó el domingo dar un plazo de 72 horas al Gobierno para la liberación de los detenidos producto de los enfrentamientos; mientras tanto, el paro indefinido se mantiene.
Exigió, además, una ley que garantice que el Censo y la distribución de recursos se realizarán en 2024 y que la redistribución de escaños se aplicará antes de las elecciones de 2025.
