La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó este martes al gobierno mexicano a dar garantías de una investigación independiente sobre la desaparición, en 2014, de 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa.
El Mecanismo Especial de Seguimiento para este caso (MESA) presentó en la escuela normal, localizada en el estado de Guerrero (sur), su tercer informe de actividades en el que hizo una serie de señalamientos al gobierno mexicano.
«Urge la adopción de medidas para reencausar la investigación y fortalecer las garantías de independencia de las autoridades ministeriales a cargo de esta a fin de salvaguardar los avances alcanzados», señaló un comunicado de la CIDH.
Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para México y Coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento del asunto Ayotzinapa (MESA), advirtió de su lado en rueda de prensa que sin una investigación independiente «no habrá ni verdad ni justicia».
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El MESA reconoció los esfuerzos del gobierno del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador para avanzar en el caso Ayotzinapa, pero lamentó que se sigan presentando «obstáculos en la entrega de información».
Persiste, agregó, «la falta de cooperación en la investigación y judicialización del caso por parte de algunas autoridades estatales, particularmente de las instituciones de seguridad y militares».
Este mecanismo de la CIDH también llamó a que el Estado mexicano «despliegue el máximo de sus esfuerzos» para determinar la posible participación militares y policías, coludidos con criminales, en la desaparición de los jóvenes, ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En agosto pasado, un juez ordenó la captura unas 80 personas, incluyendo un alto exfuncionario y mandos militares, pero la Fiscalía sólo ha ejecutado cuatro, lo que provocó la renuncia del fiscal del caso, Omar Gómez Trejo.
Los jóvenes fueron detenidos en la ciudad de Iguala, a donde acudieron a apoderarse de autobuses para viajar a Ciudad de México y participar en una manifestación.
Los policías locales los entregaron al cartel de Guerreros Unidos, quienes les habrían dado muerte e incinerado los cuerpos.
El Grupo de Expertos Independientes de la CIDH (GIEI) ha cuestionado la investigación del fiscal general de la época, Jesús Murillo Karam, detenido en agosto pasado acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.
El 31 de octubre el GIEI ya había señalado inconsistencias en las pesquisas realizadas por el actual gobierno izquierdista.
