El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, anunció que se dará lectura a una “lista de traidores a Santa Cruz”.
Aclaró que esa lista tendrá el “nombre y apellido” de esas personas.
Llamó a “todos los parlamentarios del departamento de Santa Cruz (a) que elaboren, de manera unánime, un solo proyecto de ley que garantice el Censo para octubre de 2023”.
Vargas advirtió que a las autoridades electas que no se sumen al proyecto de ley unificado se las declarará “personas no gratas”.
“Comunicaremos con nombre y apellidos a las personas que estén traicionando a Santa Cruz y a la universidad”, advirtió del líder académico, acompañado de estudiantes.
Asimismo, convocó a la comunidad universitaria a la “segunda gran marcha de marchas”.
Esa actividad se realiza en rechazo del Censo de Población y Vivienda en 2024.
Comité Interinstitucional
La UAGRM, representada por su rector, Vicente Cuéllar; el Comité pro Santa Cruz, con su titular, Rómulo Calvo, y el gobernador Luis Fernando Camacho, forman parte del Comité Interinstitucional.
Esa organización lidera el paro regional que cursa este miércoles 26 días.
Pese a que el Gobierno emitió el Decreto Supremo 4824, que establece el Censo el 23 de marzo de 2024, la entrega de resultados y la redistribución de los recursos hasta octubre, la protesta continúa.
Por su parte, la oposición planteó que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que establezca la fecha de realización del Censo y sus resultados.
Continuidad del paro
Luego de una jornada de violencia en la capital cruceña, la Policía aprehendió a17 personas en diferentes circunstancias.
Su liberación, precisamente, era una de las demandas de la dirigencia cruceña para levantar el paro en la capital cruceña.
Entre la tarde y la noche del martes cinco de ellos se beneficiaron con libertad pura y simple; 10 liberados con medidas sustitutivas y dos fueron sentenciados a cuatro años.
Según el abogado de ese grupo, Hugo Vaca, los dos condenados “son infiltrados y ajenos a la movilización”.
Pese a eso, el gobernador Camacho y Calvo decidieron continuar con la protesta.
