El portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigand, ha previsto que la propuesta de Ley sobre la libertad de los medios de comunicación se apruebe en el segundo trimestre de 2023 una vez el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo «consoliden posiciones» a principios de año.
La ha dicho este jueves en una sesión en Barcelona organizada por el Col·legi de Periodistes, la Associació de Periodistes Europeus de Catalunya y la Representación de la Comisión Europea en Barcelona que ha moderado el director de El Periódico, Albert Sáez.
Wigand ha reivindicado que la nueva ley no será un mecanismo para la regulación de los medios de comunicación desde Bruselas y ha argumentado que «faltaba un instrumento legal» que defendiera el pluralismo de los medios, que ve como un pilar de cualquier democracia.
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Ha concretado que con el despliegue de esta Ley se busca proteger la independencia editorial de los medios; garantizar la transparencia y equidad en el mercado; y la cooperación entre las autoridades reguladoras estatales con la creación de un nuevo comité.
Asimismo, el portavoz de Justicia de la CE ha aclarado que, además de proteger a los medios, también se incluirán unas «obligaciones» como que se haga pública la propiedad de los medios y también disponer de mecanismos que garanticen la independencia de las decisiones editoriales.
INJERENCIAS Y ESPIONAJE
Wigand ha defendido que «no puede haber injerencias en las decisiones editoriales», una problemática contemplada en la nueva norma a la que a su parecer se ven especialmente expuestos los medios públicos debido a su proximidad con el Estado que los financia.
Así, la norma busca que esta financiación sea «suficiente y ofrezca garantías de futuro» a los medios de comunicación públicos para evitar que los Estados se entrometan en el trabajo periodístico con sus propios intereses.
«Con esta ley tendremos una base jurídica todavía más potente para poder intervenir», ha afirmado Wigand, que ha remarcado que también se pone el foco en la protección de las fuentes que sanciones para aquellos que utilicen programarios espías, entre otros.
