El Congreso de Colombia, de mayoría oficialista, aprobó este jueves el plan de impuestos del presidente Gustavo Petro, que endurece la carga sobre las personas de mayores ingresos y la explotación minera y petrolera.
«Fue APROBADA la conciliación de la Reforma Tributaria en plenaria de la Cámara (de representantes) con 122 votos a favor (y 27 en contra). Quedó lista para sanción presidencial», celebró en Twitter el ministro de Interior, Alfonso Prada.
La iniciativa permitirá recaudar unos 20 billones de pesos (USD 4.000 millones) en 2023, equivalentes a un 1,7% del PIB. La cifra ascenderá progresivamente hasta 23 billones (USD 4.600 millones) en 2026.
Los recursos serán destinados a los programas sociales que alienta el primer gobierno de izquierda de Colombia.
«Por primera vez, en muchas décadas, hablamos de ponerle impuestos a las capas más ricas de la población para financiar los gastos y las inversiones en la población más pobre del país», afirmó Petro durante un acto público.
Con la aprobación de esta reforma se elevarán los impuestos a las personas con ingresos mensuales por encima de los 10 salarios mínimos (unos USD 2.000).
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También fijó una sobretasa al impuesto de renta para la industria petrolera, que podría ascender hasta un 15%, y otra de hasta un 10% para el carbón, dependiendo de los precios internacionales.
– Espíritu ambientalista –
De esa forma, la mitad del recaudo vendrá de impuestos a empresas minero-energéticas.
El gremio que agrupa a las empresas privadas alega que su tasa efectiva de tributación podría llegar hasta un 70%, lo que, advierte, compromete la viabilidad de un sector que responde por el 57% de las exportaciones de Colombia.
El gobierno, por su parte, sostiene que la tasa actual es ligeramente inferior al 30% y ascenderá hasta un máximo de 63%.
La reforma tributaria también contempla un impuesto al carbono que grava la gasolina y otros combustibles con una tarifa que ronda entre los 3 y 4 centavos de dólar por galón. Estos ingresos serán destinados a programas ambientales.
Petro asumió el poder en agosto con un plan de reformas profundas que apuntan a fortalecer al Estado, reducir la pobreza que castiga al 39% de los 50 millones de colombianos y acortar la brecha entre ricos y pobres, la más amplia de la región según el índice de desigualdad de Gini.
También prometió dejar atrás el modelo extractivista para transitar hacia la producción agrícola y el turismo.
-Concesiones-
Con su propuesta inicial, Petro buscaba obtener 25 billones de pesos. Pero en el trámite legislativo el gobierno hizo algunas concesiones como no gravar a las pensiones más altas y retrasar la implementación de los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados.
La oposición considera que los tributos a la comida podrían empeorar la inflación, que en octubre llegó al 12,2% interanual, la más alta en más de dos décadas.
El ejecutivo también buscaba castigar con cárcel a quienes evadan impuestos por cifras superiores a los 20.000 USD. Finalmente la sanción solo aplicará para quienes incurran en esta conducta en tres ocasiones.
El gobierno eliminó varias exenciones tributarias ofrecidas por su antecesor, el conservador Iván Duque, y fijó nuevos impuestos para la venta de inmuebles de alto valor (más de USD 150.000).
Petro recibió unas finanzas duramente golpeadas por la pandemia, con un déficit fiscal equivalente al 5,6% del PIB para este año y una deuda pública que ronda el 56,5%.
En 2021, Duque intentó gravar a la clase media para hacer frente a los estragos de la crisis sanitaria, lo que desató violentas protestas que se extendieron por dos meses y dejaron 46 muertos, entre civiles y policías, según la ONU.
