El diario guatemalteco opositor El Periódico, cuyo presidente está preso acusado de lavado de dinero tras denunciar corrupción en el gobierno, anunció este viernes que se enfocará en su versión digital tras sufrir «ataques» que le dificultan circular en papel.
«No es ningún secreto que desde la fundación de El Periódico en 1996 ha habido esfuerzos para cerrar el diario e impedir su circulación», señaló en el portal de Internet Juan Diego Godoy, director digital del medio, que no descartó retomar en un futuro la edición impresa.
«Sin embargo, en 2022, bajo el régimen de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez (exjefe del Centro de Gobierno), los ataques, persecución contra nuestros directores, editores, periodistas y bloqueos económicos que afectan a nuestros clientes, se han multiplicado, razones que nos obligan a acelerar nuestro plan digital 2025 para poder asegurar la continuidad del diario más importante del país», añadió.
El Periódico dejará de circular en papel a partir del 1 de diciembre.
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El pasado 29 de julio, la policía capturó al periodista José Rubén Zamora, presidente y fundador del diario, señalado por el Ministerio Público de una trama de chantaje y lavado de dinero contra empresarios a cambio de no publicar información en su contra.
Zamora, quien se considera un preso político y guarda prisión preventiva mientras avanza la investigación, acusa a Giammattei y a la fiscal general Consuelo Porras de armar el caso para silenciarlo, un señalamiento que rechaza el gobierno del presidente conservador.
En un comunicado, el diario agregó que los últimos «111 días han sido una de las temporadas más difíciles que ha enfrentado El Periódico como medio de comunicación».
Denunció además que algunos miembros del equipo «se han visto obligados a salir del país en las últimas semanas debido al contexto actual de nuestro país». En agosto pasado, la policía también arrestó a una directiva del rotativo vinculada al caso de Zamora.
La detención de Zamora ocurre en medio de una serie de procesos penales contra exfiscales antimafias desde el Ministerio Público de Porras, sancionada el año pasado por Estados Unidos que la incluyó en una nómina de personas «corruptas y antidemocráticas», o Lista Engel.
Otros funcionarios que han investigado casos de corrupción y jueces han salido del país denunciando acoso, hostigamiento y falta de independencia judicial en Guatemala.
