Vicente Cuéllar, afirmó que el Comité Interinstitucional “le dobló” la mano al Gobierno al conseguir los resultados del Censo antes de las elecciones de 2025.
“Santa Cruz le dobló la mano al Gobierno consiguiendo que los resultados (del Censo) sean (entregados) en el mes de septiembre (de 2024)», dijo en conferencia de prensa en Santa Cruz.
Ya «conociendo que los recursos se van a empezar a distribuir a partir de octubre», agregó.
Inicialmente, la exigencia de ese comité, integrado además por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, consistía en que el empadronamiento se realice en 2023.
El objetivo era que los resultados oficiales permitan la nueva distribución de ingresos y la reasignación de escaños parlamentarios antes de las elecciones de 2025.
Compromiso
Así lo establece el Decreto Supremo 4824, que compromete la entrega de los resultados hasta octubre de 2024.
Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió la entrega de resultados del Censo hasta septiembre, para alcanzar a la distribución de recursos y asignación de escaños.
Por su parte, tan solo horas después, el Gobierno comprometió los resultados en ese tiempo.
“En este momento Santa Cruz ha ganado”, celebró Cuéllar.
También puede leer: Jáuregui advierte que la ley del Censo se tratará sin presiones ni ‘colisión’ con la Constitución
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate de los proyectos de ley para el Censo, tanto de oposición como de oficialismo.
Pero “ahora son seis propuestas normativas”.
Cinco de esas propuestas son de la oposición señaló el presidente de esa institución camaral, Juan José Juregui, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“No podemos estar discutiendo nuestros proyectitos individuales», cuestionó Cuéllar.
«Lo correcto debería ser buscar la forma de coincidir en un solo proyecto que viabilice todo lo que está esperando el pueblo cruceño”, agregó.
Y dijo que el análisis de los miembros de dicho comité debería “limitarse” a abordar una sola propuesta.
Santa Cruz cumple 32 días de un paro impulsado por el Comité Interinstitucional, que cuenta además con el respaldo político del gobernador Luis Fernando Camacho.
Durante ese tiempo, según datos del Gobierno, se produjo un perjuicio económico de al menos $us 1.152 millones.
