El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, defendió el proyecto de ley denominado “Lo ajeno no se toca”, que contiene un nuevo tipo penal para casos de robo flagrante y un procedimiento sumarísimo, que permitirá que el Ministerio Público emita, directamente, una imputación contra delincuentes acusados de robo en flagrancia.
“No queremos que los administradores de Justicia vayan a beneficiar a estos delincuentes con chicanerías (…). Tenemos que seguir sacando a los delincuentes de las calles y tienen que estar donde tiene que estar: en las cárceles del país”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.
El tipo penal que incluye el proyecto impulsado por el Gobierno se llama apoderamiento flagrante de la cosa ajena, cuya pena será de siete años de prisión. Incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional será de dos años, es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve años.
Del Castillo
La norma, además, prevé una sanción de ocho años para los extranjeros que cometan ese tipo de ilícitos.
Según la explicación de Del Castillo sobre la aplicación de esa norma, cuando un delincuente sea encontrado en flagrancia, puede ser aprehendido por particulares, ciudadanos o la Policía. Luego, el investigador policial emitirá un informe de acción directa “dentro del procedimiento sumarísimos penal”.
Eso permitirá, según dijo, que las autoridades judiciales no emitirán una imputación, sino una acusación penal. “La primera y la última audiencia que tengan estos delincuentes se los va a sentenciar a siete años”, dijo Del castillo.
“Es un hartazgo contra los administradores de Justicia”, apuntó el ministro de Gobierno y explicó que varias víctimas denunciaron que muchos delincuentes recuperan su libertad “a horas de su captura”.
También dijo que se creará una unidad específica con efectivos que operarán de incógnito en diferentes zonas con gran concurrencia de personas, como la Ceja de El Alto, la Cancha en Cochabamba.
Delincuentes
“Se creará una unidad especial antirrobos donde policías actuarán de incógnito en los mercados populosos del país”, remarcó la autoridad.
Difundido el contenido de la norma, varios sectores advirtieron que ese procedimiento vulnera los derechos como el debido proceso, pero la autoridad respondió: “Este anteproyecto de ley ha sido trabajado y estudiado durante casi un año para evitar que se vulnere cualquier derecho humano. Los acusados tendrán derecho a la apelación y a una siguiente instancia”.
Una vez más, Del Castillo llamó a los miembros de la Asamblea Legislativa a que prioricen y aprueben el anteproyecto de ley y sobrepongan los intereses colectivos sobre los particulares y partidarios.
