Luego de 33 días de paro indefinido, el vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó este miércoles que la medida de presión no logró las demandas planteadas por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz.
Esa entidad reclamaba, de inicio, que el Censo se realice en 2023.
Luego, exigió una ley que garantice distribución de recursos y escaños parlamentarios, con los resultados finales que se conocerán en 2024.
Así, Richter ratificó que la medida no tenía razón de ser, pues, por ejemplo, la redistribución de recursos, desde septiembre de 2024, fue planteada por el Gobierno antes del paro, que inició el 22 de octubre.
“Hay que terminar con esta impostura que día a día siempre llevan y tratan de mostrar a la gente una realidad distorsionada (porque) no hay nada que hayan conseguido con la medida de presión”, aseguró el vocero.
El funcionario afirmó que el cívico Rómulo Calvo, el rector Vicente Cuellar y el gobernador Luis Fernando Camacho están buscando una salida decorosa al insostenible conflicto, arguyendo supuestos “logros” frente al Gobierno.
Richter recordó que el Gobierno propuso que la distribución de los recursos económicos de coparticipación se realice a partir de octubre de 2024, pero se lo adelantó para septiembre.
Esa decisión se tomó por recomendación de la Comisión Técnica que sesionó en Trinidad, Beni, entre el 5 y 9 de noviembre, y no por presión del Comité Interinstitucional, cuyos delegados abandonaron el diálogo.
Además, recordó que la asignación de escaños parlamentarios está definida por la Constitución Política del Estado y la Ley 026, pues ambas normas establecen que una vez se realice el Censo se deben reasignar estos espacios de la Cámara de Diputados.
“¿Qué es lo que han conseguido? pero ellos (Calvo, Camacho y Cuellar) viven diciendo” que han logrado importantes resultados producto del paro para “encontrar una suerte de hallar un argumento útil para presentarse dignamente ante Santa Cruz y no pierdan sus liderazgos que sí lo van a perder posiblemente”, aseguró.
Este mismo miércoles, Camacho afirmó que “la fecha del censo no es determinante” y que tras un análisis técnico, el Censo ya no se podrá realizar al año, sino, en 2024, por lo que demandó una ley para ratificar la nueva postura cruceña.
Este escenario se registra en momentos que a la Asamblea Legislativa ingresaron varios proyectos por el Censo que deberán ser considerados por la Comisión de Constitución, que deberá elevar un informe al pleno de Diputados, donde se deberá aprobar la norma.
Tras una serie de incidentes y bochornos, la sesión en esa comisión quedó cancelada, hasta nuevo, aviso mientras la Presidencia de la Cámara de Diputados convocó a sesión plenaria este jueves, a las 18.00.
