“Ciudadanos y ciudadanas que vivimos en Santa Cruz” es la forma que inicia un valiente pronunciamiento demandando el inmediato levantamiento del paro cívico y el cese de la violencia que ejercen grupos armados paramilitares contra la población cruceña. Y es que los últimos días las calles de Santa Cruz se han transformado en el escenario de una película distópica del género de Mad Max.
El pronunciamiento implica valor porque oponerse al Comité Cívico en Santa Cruz tiene un costo social muy alto. Si acaso lo duda, remítase a las diversas listas de “traidores” que han circulado; la última de ellas impulsada nada menos que por el Ilustre Consejo Universitario de la Universidad Pública Gabriel René Moreno, bajo la iniciativa de su vicerrector Reinerio Vargas. Tiempos de fascismo campante en esa Santa Cruz que no merece este sinsentido.
Como reconoció hace días el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la fecha del Censo es el “concho” de todo lo que está en disputa; es el pretexto para mantener, como lo describe el pronunciamiento antes mencionado, 30 días de una medida extrema que castiga de manera diferente a la población pobre que ha tenido que sufrir todo tipo de vejámenes y atropellos a sus derechos.
“Escenas dantescas” es la forma en que se describe el estado de absoluta indefensión que sufren algunos habitantes de Santa Cruz cuando enfrentan agresiones violentas, incautación de pertenencias, requisas, cobros de peajes, secuestro de menores, imposibilidad de llegar a centros de salud, o incluso de enterrar a fallecidos. Y en cada rotonda surgen cabecillas, mandamases que se atribuyen el derecho al uso de la fuerza para imponer sus propios fines.
Mientras tanto lo que se rompe en la sociedad cruceña y la boliviana es algo más profundo con lo que, no importando el resultado del conflicto, perdemos todos. Pierden los políticos de turno (de ambos bandos) la legitimidad y confianza en sus acciones; pierden las instituciones de todos los niveles del Estado y la sociedad por su incapacidad de mediar en el conflicto y perdemos cada una de las ciudadanas y ciudadanos por las heridas y el enorme sufrimiento resultado de la confrontación. Cuánto tiempo nos tomará curar esas heridas que seguramente tendrán un largo proceso de cicatrización, no sin antes abrirse en el largo camino de conflictividad que se anuncia desde todos los frentes.
Y desde ese dolor, los firmantes del pronunciamiento (en todo su derecho), exigen “al Gobierno nacional, departamental y local actuar de forma responsable ante las cientos de miles de familias que viven en la incertidumbre, el miedo, el hambre y la desesperación viendo cómo grupos irregulares controlan la ciudad”. Insensible, la Asamblea Legislativa se presenta lejana y sin sentido, desplegando una serie de triquiñuelas para retrasar la posible salida de una medida de presión que ya perdió sentido para un gran número de personas que habitan Santa Cruz.
Necesitamos más que nunca un gobierno que gobierne y una oposición responsable de sus actos capaces de rendir cuentas más allá de sus protagonismos personales. Y sobre todo una sociedad que encuentre el camino para salir de esa trampa de odio en que hemos caído todos.
Y a los firmantes del pronunciamiento que rompe con la hegemonía del discurso cruceño les expresamos que no están solos en su angustia. En Bolivia muchos y muchas estamos muy cerca de gritar, como los argentinos en 2001, “que se vayan todos”. Antes de llegar a ese punto de no retorno, es necesario comprender que —como sostenía el zapatismo— en este hermoso país cabemos todos.
Lourdes Montero es cientista social.
