El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este miércoles que el Ministerio Público está en proceso de reprogramar la declaración del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, por el denominado caso Golpe de Estado I.
Aseguró que esta acción judicial se vio interrumpida por el paro indefinido que se llevó a cabo en Santa Cruz, durante 36 días.
La medida de presión se levantó el fin de semana, tras la aprobación de la Ley del Censo.
Ante este escenario, la comisión de fiscales realiza la reprogramación de las citaciones para convocar a Camacho y a otros implicados en el caso.
“El Ministerio Público está desarrollando un rol de declaraciones (…) y estamos a la espera de la reprogramación de las declaraciones que tienen que llevar los fiscales asignados (…) para la reprogramación del señor Camacho”, detalló Lanchipa.
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El gobernador cruceño debe comparecer en calidad de sindicado en este caso, luego de cuatro meses de que se postergó su declaración en Santa Cruz.
En octubre se anunció la reactivación de este caso y se preparaba la citación para el excívico y principal investigado, pero, según la Fiscalía, el cronograma no se pudo cumplir por la medida de presión impulsada por Camacho y otros representantes del Comité Interinstitucional cruceño.
“El Ministerio Público está desarrollando un rol de declaraciones (…) y estamos a la espera de la reprogramación de las declaraciones que tienen que llevar los fiscales asignados (…) para la reprogramación del señor Camacho”, indicó Lanchipa, en conferencia de prensa.
Camacho es investigado por el delito de terrorismo debido a su participación activa en los hechos de noviembre de 2019, que derivaron en que la entonces senadora de oposición Jeanine Áñez asuma la presidencia del Estado, a lo que el Gobierno califica como una “ruptura constitucional”.
Este caso se inició a denuncia de la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien interpuso la acusación a finales del 2020.
En el proceso penal también están implicados Áñez, además de José Luis Camacho, padre del gobernador cruceño.
La autoridad departamental reveló que José Luis Camacho coordinó con militares y policías para que dejen desprotegido al Gobierno de ese entonces.
“Fue mi padre quien cerró (el trato) con los militares, para que no salgan (a las calles) (con) la Policía, de la misma manera: fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (militares y policías) no iban a salir (a las calles), fue que dimos (el plazo de) las 48 horas, porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz (…). Ese fue el momento más duro que pasamos”, explicaba Camacho a sus seguidores, en un video que circuló en redes sociales.
Con esas palabras, Camacho, en su calidad de presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz explicó las razones por las que dio un plazo de 48 horas al entonces presidente Evo Morales para renunciar, en noviembre de 2019.
El 10 de noviembre de ese año, Morales dimitió en medio de una crisis política, tras denuncias de un presunto fraude electoral, un motín policial e incluso la presión de las Fuerzas Armadas.
Dos días después, asumió Áñez, a través de un cuestionado proceso de transición, y ahora está encarcelada de manera preventiva, precisamente, por este caso.
La exmandataria también fue procesada por el caso Golpe de Estado II, por el cual ya fue sentenciada a 10 años de prisión, en junio de este año.
