El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó sobre la aprehensión del subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez de Santa Cruz, Daniel Velásquez, acusado de promover ataques en contra del pueblo ayoreo.
De acuerdo con la autoridad, las agresiones se registraron durante el paro cívico que se realizó en Santa Cruz, por 36 días.
En ese marco, “la orden fue ejecutada por nuestra #PolicíaBoliviana en cumplimiento de la normativa legal vigente” (sic), escribió Del Castillo la noche de este miércoles, en su cuenta de Twitter.
Lea más: Pueblo ayoreo sufre violencia y vulneración de sus derechos
A principios de este mes, el Gobierno calificó como “inaceptables” los niveles de “violencia, racismo y desprecio” que sufrió la nación ayorea por parte de grupos que vulneraron derechos de mujeres indígenas al intentar obligarlas a acatar el paro indefinido.
“No vamos a permitir que se humille, se denigre y existan estos hechos de racismo y violencia contra las naciones indígenas de Santa Cruz solo porque piensan diferente”, afirmó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Luego de cinco días de sufrir hambre a consecuencia del paro indefinido en Santa Cruz, el viernes 28 de octubre, un grupo de mujeres ayoreas decidió bloquear el ingreso al municipio de Concepción.
Acompañadas de adultos mayores, exigieron que se levante la medida de presión para poder acceder a alimentos.
Ante esta protesta, el subgobernador Velásquez, acompañado de otras personas, se trasladó al punto de bloqueo.
Con el torso desnudo y chicote en mano, la autoridad intentó azotar a las mujeres. Según la denuncia, Velásquez se refirió a ella como “indias” y que son “una lacra para Santa Cruz”, mientras le exigía que levanten el bloqueo.
Varias mujeres, atemorizadas, empezaron a retroceder, sin embargo, otras le hicieron frente.
Según relatos, incluso, a una mujer embarazada los acompañantes de Velásquez la arrastraron varios metros jalándola de los cabellos.
En medio de esas agresiones, Velásquez les advirtió que sus casas serían quemadas, como ya ocurrió en otras cinco comunidades, si no acataban el paro.
Ante esa situación, representantes del pueblo indígena denunciaron el hecho ante las autoridades.
En consecuencia, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo salieron en defensa de las personas damnificadas.
Ante ese escenario, el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión en contra de la autoridad regional.
