El presidente Luis Arce decidió abrogar el Decreto Supremo 5143, de Derechos Reales, luego de reclamos de algunos sectores que especularon acerca de su contenido y advirtieron una supuesta intromisión del Estado en la administración de las propiedades.
“Hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo, para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando, porque lo que menos queremos nosotros es que utilicen este tipo de herramientas para fines políticos”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.
“Seguramente hemos tocado intereses que no quieren que se modernice Derechos Reales y que ello fue distorsionado y manipulado”, justificó.
En criterio del jefe de Estado, hay grupos que utilizaron “elementos sensibles para confundir” a la población respecto de esa norma y, así, generara su rechazo.
En ese sentido, advirtió que “hay un plan de convulsión, para las siguientes semanas, que está en marcha” y que sus promotores buscan utilizar ese y otros temas para justificarlo y ejecutarlos.
Luis Arce
La decisión fue asumida luego de una solicitud de la Central Obrera Boliviana (COB). Su secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi, señaló que fue un pedido de sus organizaciones afiliadas, aunque dijo que se generó por una “mala información y la cizaña” de algunos actores.
Esa norma se creó con el fin transparentar los trámites de propiedades en las oficinas de derechos reales y desburocratizar el procedimiento que, incluso, tardaba entre dos y hasta tres años, en algunos casos.
Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, defendió el contenido de ese decreto y dijo que buscaba “transparentar” la administración de derechos reales, varios ámbitos, por ejemplo, la recaudación de recursos por los trámites en esas ventanillas. “hay un hoyo negro en la recaudación”, advirtió.
Desde su promulgación, varias autoridades explicaron el contenido sobre el contenido y alcance de la ahora norma abrogada, entre ellos, la viceministra de Justicia Jessica Saravia y su par de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.
