Los alegatos iniciales en el juicio por sedición de varios miembros de la milicia de extrema derecha Oath Keepers, incluido su fundador Stewart Rhodes, comenzaron el lunes, más de 20 meses después del asalto al Capitolio de Estados Unidos.
Rhodes, un exmilitar conocido por su parche en el ojo y sus feroces diatribas, y cuatro líderes de milicias regionales están acusados de atacar la sede del Congreso en Washington el 6 de enero de 2021 con el fin de mantener a Donald Trump en la Casa Blanca, a pesar de su derrota electoral.
Ese día, los cinco asaltaron el templo de la democracia estadounidense junto a otros mil partidarios del republicano Trump, en momentos en que los congresistas certificaban la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.
Los acusados estuvieron presentes en la sala el lunes.
Se espera que sus abogados aleguen que no querían derrocar al gobierno pero que esperaban que Trump declarara el estado de insurrección, en virtud de una ley de 1807 que permite a los presidentes estadounidenses movilizar ciertas fuerzas armadas en circunstancias excepcionales.
Los miembros del jurado fueron seleccionados la semana pasada después de que el juez Amit Mehta negara una solicitud de la defensa para trasladar el juicio fuera de Washington con el argumento de que los residentes podían estar predispuestos en contra de los acusados debido a la violencia desatada el 6 de enero de 2021.
El abogado de Rhodes también le pidió al magistrado que prohibiera durante el juicio el uso de términos que se usan con frecuencia para referirse a los Oath Keepers, como «antigubernamental», «milicia organizada», «extremistas», «racistas» y «nacionalistas blancos».
Desde la asonada al Capitolio, más de 870 personas fueron detenidas y alrededor de 100 recibieron penas de prisión, incluidos los autores de violencia contra la policía.
Pero hasta ahora, nadie había tenido que enfrentar la acusación de «sedición».
Rhodes, Kelly Meggs, Thomas Caldwell, Jessica Watkins y Kenneth Harrelson son los primeros en ser juzgados en este cargo.
Este cargo se deriva de una ley aprobada después de la Guerra Civil estadounidense para reprimir a los últimos rebeldes del sur. Castigado con 20 años de prisión, implica haber planeado el uso de la fuerza para derrocar al gobierno u oponerse a una de sus leyes. Se diferencia de la insurrección, que tiene un carácter más espontáneo.
Según el acta de acusación, los acusados «conspiraron para oponerse por la fuerza a la transferencia legal del poder presidencial».
En concreto, Rhodes es acusado de haber comenzado a reunir a sus tropas en noviembre de 2020. «No vamos a salir de esto sin una guerra civil», les escribió dos días después de las elecciones presidenciales, en un mensaje encriptado.
