El Banco Mundial, en su informe “Nuevos enfoques para cerrar la brecha fiscal”, mejoró la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia, que pasó de 3,9% (dato de junio de este año) a 4,1% para el cierre de este 2022.
Esta proyección se acerca a la estimación realizada por el Gobierno boliviano en el Programa Fiscal Financiero (PFF) firmado en marzo de este año entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia (BCB), que prevé un crecimiento de cerca del 5,1% al cierre de 2022.
Además, proyectó una inflación en torno al 3,3% para fin de periodo. A agosto de este año, ese indicador llegó al 1,62%.
El Banco Mundial también mejoró la proyección de crecimiento de la economía regional y estimó que crecerá 3,0% en 2022, una tasa mayor a lo previsto en el anterior informe de la entidad, de 2,5%, debido al alza en los precios de las materias primas.
En su visita al país y en entrevista con Piedra, papel y tinta, de LA RAZÓN, el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, dijo que la mayor parte de las economías ya recuperaron los niveles de la prepandemia.
No obstante, dijo que a causa de la fuerte incertidumbre que recorre el mundo como resultado de la guerra en Ucrania, la subida de las tasas de interés en los países desarrollados y las persistentes presiones inflacionarias impactarán sobre las economías de la región.
Así, se prevén tasas de crecimiento bajas, de 1,6% y 2,3% en 2023 y 2024, respectivamente.
Con relación a la inflación, el organismo considera que, si bien como en la mayoría de los países se encuentra en los niveles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), requiere de esfuerzos continuos para que ésta descienda al nivel de los objetivos anteriores.
Jaramillo calificó de “fascinante” el control de la inflación en el país; a diferencia de otras naciones del mundo y de la región, donde se registra un aumento generalizado en los precios de los bienes, alimentos y combustibles.
El Banco Mundial plantea, además, que los países deben analizar cuidadosamente sus opciones de gasto público y de política tributaria para favorecer la equidad y así evitar potenciales efectos adversos.
Esto incluye mejorar la eficiencia del gasto: en promedio, el 4,4% del PIB —o 17% del gasto público— porque se malgasta en transferencias mal dirigidas, deficiencias en las contrataciones públicas y políticas de recursos humanos ineficientes.
