La Constructora Norberto Odebrecht (CNO) aseguró este viernes que cumplió con sus obligaciones en la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá (AITSA), e indicó que un arbitraje por la rescisión del contrato por parte de la terminal área se acerca a su fase final.
Odebrecht hizo las afirmaciones luego de que el lunes pasado la terminal aérea panameña anunciara que demandará por $us 20 millones a la empresa por incumplimiento del contrato.
«El proceso arbitral sigue su curso y se encuentra próximo a su audiencia final, pese a diversas maniobras con las que AITSA ha intentado frenar el arbitraje, llegando incluso a presentar una solicitud de suspensión que le ha sido negada por un tribunal de árbitros internacionales», indicó Odebrecht en un comunicado.
Odebrecht indicó además que mantiene una demanda contra el aeropuerto panameño desde noviembre de 2021 por más de $us 20 millones por perjuicios económicos.
«Debido a una serie de incumplimientos de AITSA, así como por factores ajenos a la contratista, CNO se ha visto económicamente afectada en el equilibrio del contrato. AITSA está contractualmente obligada a resarcir estos daños económicos», precisó Odebrecht.
El lunes, el gerente general de Tocumen, Raffoul Arab, dijo que Odebrecht no había entregado en tiempo los trabajos de ampliación del aeropuerto, lo que llevó a que éste dejara de «percibir ingresos por los espacios que ya contaban con contratos».
«CNO confirma que ha cumplido sus obligaciones contractuales y que, frente a un tribunal arbitral imparcial, probará que no es responsable» de ningún atraso en la terminación de trabajos en la terminal 2, indicó Odebrecht.
«La Terminal 2 se encuentra recibida en su totalidad por AITSA e inició su operación desde enero de 2019», agregó.
Pese a la disputa, la nueva terminal aérea opera desde junio y es el principal punto de operaciones de la aerolínea panameña COPA.
Odebrecht inició en 2012 la construcción de la segunda terminal del aeropuerto de Tocumen, de 116.000 m2, tras ganar una adjudicación pública convocada por el Estado panameño.
Las obras, adjudicadas por $us 679 millones, debían finalizar el 30 de septiembre de 2021. Sin embargo, terminaron costando 917 millones y, según Tocumen, los trabajos nunca se terminaron en el plazo estipulado en el contrato. Poco antes de la fecha para la finalización de las obras, Tocumen anunció la rescisión del contrato por «incumplimiento», medida que Odebrecht considera que «carece de fundamento contractual, jurídico y fáctico».
