Sin ningún sustento técnico y cerrando de manera autoritaria cualquier posibilidad de diálogo, se ha activado en Santa Cruz la cuenta regresiva de un paro indefinido difícil de frenar. Así, dentro de 13 días arrancará la radical medida legitimada en un cabildo. El ultimátum no admite acuerdos: “Sí o sí Censo en 2023”. La élite cruceña impone un paro que puede ser insostenible.
A estas alturas de un conflicto largamente construido, es innegable que el necesario y deseable diálogo técnico sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda ha sido desplazado por el posicionamiento político. Las mesas técnicas realizadas por el Gobierno en todo el país, en especial con universidades y municipios, lograron un amplio acuerdo para respaldar la nueva fecha (mayo o junio de 2024). La excepción relevante se asienta en el intransigente “comité interinstitucional” cruceño.
Si bien la nueva temporalidad del Censo decidida por el gobierno de Arce responde a estándares internacionales, no ha estado acompañada de información y explicación suficientes hacia la ciudadanía. ¿Por qué el Censo no puede hacerse antes? ¿Qué etapas y requisitos técnicos deben cumplirse para garantizar un censo de calidad y técnicamente incuestionable, que brinde resultados ciertos? ¿Qué sigue luego en materia de redistribución de recursos y escaños? ¿En qué tiempos, considerando los comicios 2025?
En cuanto al ultimátum del cabildo cruceño, deben cuestionarse dos aspectos que hacen al fondo del tema. El primero es que Santa Cruz va a un paro indefinido con una demanda que carece de respaldo técnico. El examen de la propuesta elaborada por la UAGRM, bajo dirección de su rector, demuestra que es técnicamente endeble, más allá de su número de páginas. Así, resulta altamente temerario forzar un paro indefinido, nada menos, exigiendo algo inviable, a no ser que busquen un censo fallido.
El segundo aspecto cuestionable se refiere a la incapacidad de argumentar y debatir. La expresión más deplorable de ello fue la actitud del presidente del Comité Cívico que tras desafiar a un debate con el vocero presidencial, dejó la silla vacía y optó por el silencio. Ni hablemos de la decisión autoritaria del comité interinstitucional que prácticamente le prohibió hablar. Y ahora se niegan a participar en la reunión técnica convocada por el Ejecutivo para este martes. Paran sin argüir.
Como sea, lo cierto es que desde el 22 de octubre se impondrá en Santa Cruz un paro indefinido de altísimo costo para el país y, en especial, para el propio departamento, con factura para su dirigencia radical. Un paro que puede ser difícil de sostener y con muy pocas posibilidades de éxito, a no ser que agregue rápidamente actores y demandas. Habrá que ver si la verdadera intención del paro tiene que ver con el Censo o si apunta más bien a un escenario de desestabilización. Corre cuenta regresiva.
