El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, propuso este lunes insistir en la búsqueda del diálogo con sectores que se oponen al Censo de Población y Vivienda de 2024.
“El diálogo es el mecanismo adecuado para buscar soluciones, no podemos estar confrontados permanentemente. La democracia es diálogo, discusión, búsqueda de solución y de consenso, pensando en lo mejor por el país (…). Hay que seguir insistiendo”, dijo el vocal.
El Gobierno invitó a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) a la reunión de este martes 11, como parte de la representación de Santa Cruz.
Pero el Comité Interinstitucional, que lidera las protestas por un Censo en 2023, rechazó esa convocatoria, porque, en su criterio, no se puede instalar el diálogo con la fecha del Censo “cerrada”.
Sin embargo, se ha confirmado la asistencia a la cita del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra y de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz).
Compuesto por la UAGRM, el Comité pro Santa Cruz, y con el respaldo político del gobernador Luis Fernando Camacho, dicho comité hizo llegar al Gobierno y al Instituto Nacional de Estadística (INE) una propuesta alterna a la oficial.
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Esa propuesta plantea la realización del empadronamiento en 2023, pero los técnicos del INE y la comisión del Gobierno, liderada por el viceministro de planificación, Sergio Cusicanqui, dijeron que ese documento “no tiene nada de técnico” y que su contenido “es netamente político”.
Inicialmente, la dirigencia cruceña condicionó su participación en el encuentro previa abrogación del Decreto Supremo 4760, que establece la realización del Censo en 2024.
También demandó que las reuniones técnicas se realicen en Santa Cruz y cuando el Gobierno decidió trasladar la sede del encuentro a la capital oriental, la representación de ese bloque decidió no asistir.
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El viernes 30 de septiembre el Comité pro Santa Cruz convocó a un cabildo que definió conminar al Gobierno a fijar fecha del Censo en 2023.
De no ser escuchada esta demanda, habrá un paro indefinido en Santa Cruz a partir del 22 de octubre.
Sobre el carácter del cabildo, Hassenteufel consideró que se trata de un mecanismo constitucional no vinculante, aunque necesario.
“No podemos darle (al cabildo) un carácter vinculante u obligatorio, pero siempre tenemos que tomar en cuenta los resultados de un grupo, puede ser pequeño o grande, pero esa decisión y esa expresión deben ser tomadas en cuenta”, dijo sobre eso Hassenteufel.
Ante el anuncio de paro, varios sectores productivos, principalmente gremiales, condenaron la medida, y afirmaron que los paros “siempre van en desmedro de la clase trabajadora”.
Desde el Gobierno también se advirtió que “por cada día de paro, Santa Cruz pierde $us 36 millones”.
Además, calificaron de “político ese rechazo” y aseguraron que ese tipo de medidas responde a “un segundo intento de golpe de Estado”.
