El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, instaló este martes en Santa Cruz la mesa técnica que abordará el cronograma de actividades del Censo de Población y Vivienda en 2024.
“Estamos para instalar la mesa técnica y continuar el proceso de socialización que hacen al proceso censal”, dijo Cusicanqui al comenzar el encuentro.
El vocero presidencial Jorge Richter y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, forman parte de la representación gubernamental.
El Comité Interinstitucional, compuesto por el Comité pro Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y otros sectores, además del gobernador Luis Fernando Camacho, decidieron no asistir a esa cita.
“Nosotros ratificamos nuestra vocación de diálogo”, agregó Cusicanqui.
El alcalde cruceño, Jhonny Fernández, también participa del encuentro.
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Inicialmente, la dirigencia cruceña condicionó su participación en el encuentro previa abrogación del Decreto Supremo 4760, que establece la realización del Censo en 2024.
También demandó que las reuniones técnicas se realicen en Santa Cruz y cuando el Gobierno decidió trasladar la sede del encuentro a la capital oriental, la representación de ese bloque decidió no asistir.
Por lo que ratificó un “paro indefinido” a partir del 22 de octubre, medida que fue asumida en el cabildo de esa región, el 30 de septiembre.
“El diálogo es la mejor forma para superar las diferencias que podamos llegar a tener”, insistió Cusicanqui, y lamentó la ausencia de ese sector.
Las organizaciones cruceñas demandan un Censo en 2023 y enviaron al Gobierno una propuesta alterna a la oficial.
El Gobierno y el equipo técnico del INE rechazaron esa propuesta, de la que dijeron que “no tiene nada de técnica” y, al contrario, solo ven “tintes políticos”.
Ante el anuncio de paro, varios sectores productivos, principalmente gremiales, condenaron la medida, y afirmaron que los paros “siempre van en desmedro de la clase trabajadora”.
Desde el Gobierno también se advirtió que “por cada día de paro, Santa Cruz pierde $us 36 millones”.
Además, calificaron de “político ese rechazo” y aseguraron que ese tipo de medidas responde a “un segundo intento de golpe de Estado”.
