El presidente de Perú, Pedro Castillo, reiteró este jueves que la denuncia de la fiscalía que puede costarle el cargo es parte de «un golpe de Estado», y rechazó de nuevo las acusaciones de que lidera una organización criminal en su gobierno.
«No se puede impulsar un golpe de Estado manipulando o politizando a otro poder, como es el espacio del Ministerio Público», declaró Castillo a la televisora estatal durante una gira de trabajo por el interior del país.
«Lo que rechazamos (de la fiscalía) es crear testigos, querer orquestar (una denuncia) diciendo que Pedro Castillo es jefe de una red criminal», agregó.
Castillo calificó la denuncia constitucional en su contra que presentó al Congreso el martes la Fiscal de la Nación, Patricia Benavide, como un «error» que está a tiempo de ser rectificado.
La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
Es la primera vez que la fiscalía denuncia a un presidente en activo de Perú.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, primera valla del proceso que puede llevar a un antejuicio, empezará a evaluar el pedido el viernes en un proceso que tomará al menos dos semanas.
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Si la denuncia es declarada procedente se iniciará un antejuicio político a Castillo, que puede durar entre dos y tres meses.
El pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte del presidente, que fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026.
La denuncia fiscal incluye a dos exministros acusados de tráfico de influencias: Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, extitular de Vivienda, a quienes se sindica como parte de la organización que supuestamente dirige Castillo desde la presidencia.
Castillo acumula seis indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses. Los casos incluyen a su entorno familiar, como su esposa, cuñados y sobrinos.
Desde su llegada al poder, ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia e ya intentó destituirlo en dos ocasiones.
El presidente, maestro rural igual que su esposa, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
