El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que, durante los mandatos de sus predecesores en el cargo, el espionaje era una «práctica común», aunque ha instado a la Fiscalía a que informe sobre los avances de las denuncias de la sociedad civil contra el Ejército mexicano.
«Lo que es un hecho, una realidad, pero se necesita probar es que en los gobiernos anteriores era una práctica común espiar a los opositores, a periodistas, y que estos equipos de espionaje los compraba desde luego el gobierno federal, pero también agrupaciones políticas y organizaciones supuestamente de la sociedad civil», ha asegurado, según ha recogido el diario ‘El Universal’.
López Obrador ha afirmado que no tiene «mucha información» sobre las denuncias, pero ha sentenciado que el espionaje es un negocio «muy jugoso», ya que funcionarios se dedicaban «a vender equipos». «Sí convendría que se supiera todo, pensando siempre en la no repetición, en que estas cosas vergonzosas no vuelvan a suceder en nuestro país», ha dicho.
De esta forma, el presidente mexicano ha pedido a la Fiscalía del país que informe de las denuncias, incluso de aquellas en las que se señalaba a su Ejecutivo. «También se afirmó de que nosotros espiábamos a opositores, a dos periodistas», ha recordado.
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López Obrador se refería a las denuncias interpuestas por organizaciones por la defensa de los Derechos Humanos en México, que determinaron que al menos dos periodistas –Ricardo Raphael y un reportero del portal Animal Político– y un activista –Raymundo Ramos– habían sido espiados por el Ejército mientras realizaban labores en materia de violaciones de Derechos Humanos cometidos por las Fuerzas Armadas.
Tras estas denuncias, el propio presidente aseguró que «no hay nada que ocultar» y reclamó la posibilidad de conocer todos los detalles sobre las acusaciones. «Sería interesante saber quiénes fueron los que hackearon a la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), pero no para juzgarlos», dijo por aquel entonces.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informó en octubre de 2021 sobre el hallazgo de al menos 31 contratos firmados por los gobiernos de los expresidentes Peña Nieto y Calderón con empresas vinculadas al software de espionaje israelí Pegasus.
Sin embargo, investigaciones del laboratorio CitizenLab de la Universidad de Toronto han hallado señales que muestran que el Ejecutivo de López Obrador ha utilizado también el programa informático de espionaje contra al menos dos periodistas y un defensor de Derechos Humanos, todo ello entre 2019 y 2021.
