Un tribunal peruano desestimó este viernes un pedido judicial de impedimento de salida del país a la esposa del presidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, quien junto con el mandatario es investigada por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.
«Se declara infundado el requerimiento fiscal en el extremo de impedimento de salida del país en contra de los investigados, Lilia Paredes, David Paredes, Walter Paredes y Hugo Espino», dijo el juez Raúl Justiniano en la lectura de su resolución.
«Se resuelve dictar medida de comparecencia con restricciones en contra de Lilia Paredes por presunta comisión de delito de organización criminal», indicó Justiniano en la audiencia judicial.
Lilia y sus hermanos, David y Walter, estuvieron conectados de forma virtual. La audiencia se transmitió por el canal de televisión del Poder Judicial y se prolongó por más de dos horas.
Los investigados deberán cumplir algunas restricciones como reportar sus actividades y no salir de sus localidades sin autorización judicial.
A diferencia de a sus hermanos, a la esposa de Castillo se le permitirá acudir al Palacio de Gobierno, donde se ubica la residencia presidencial.
El fiscal Jorge García señaló que «apelará» la decisión de juez.
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García sustentó el lunes ante el tribunal la acusación contra la primera dama en la que solicitaba una pena de cárcel de entre ocho y diez años por el presunto delito de tráfico de influencias en la modalidad de crimen organizado.
La esposa del presidente es supuestamente la coordinadora de una red de corrupción que actúa en el entorno de Castillo, según documentos judiciales difundidos por la prensa.
El pedido de impedimento de salida del país incluía a un cuarto investigado en la misma causa, Hugo Espino, quien confesó ante el Ministerio Público ser testaferro de la familia Castillo.
Este mismo viernes el Congreso peruano inició el análisis de una denuncia constitucional presentada por la Fiscal General peruana, Patricia Benavides, quien acusa al presidente Castillo y dos exministros de supuestamente formar una organización criminal que amañó contratos para su beneficio.
El presidente izquierdista, que enfrenta seis investigaciones de la fiscalía, niega cualquier delito de su familia y dice ser víctima de una campaña mediática para sacarlo del poder.
Castillo tiene inmunidad y solo puede ser llevado a juicio después de su mandato, que finaliza en julio del 2026
