El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó ayer que el Gobierno aún está a tiempo de evitar el paro indefinido si es que abroga el Decreto Supremo 4760, que posterga el Censo de Población y Vivienda para mayo o junio de 2024.
“Estamos a siete días más que el Gobierno pueda reflexionar, abrogar el decreto (supremo) que manda el Censo en 2024 (y) establecerlo en 2023 para que podamos seguir todos de forma tranquila”, declaró a los periodistas.
Consideró que en ese tiempo se verá “la voluntad del Gobierno de escuchar el mandato del cabildo”. El 30 de septiembre, el cabildo del Comité pro Santa Cruz conminó al Gobierno a abrogar la norma para evitar el paro indefinido a partir del 22 de octubre.
Camacho consideró que la persistencia de la administración del presidente Luis Arce de mantener vigente el decreto es un acto de “soberbia” y “capricho”.
“Que deje la soberbia, el cegarse por capricho político, y escuche la voluntad del pueblo (cruceño) que se ha reunido en cabildo multitudinario”, advirtió Camacho.
En el cabildo se reivindicó la decisión del Comité Interinstitucional de plantear el Censo de Población y Vivienda para el primer semestre del próximo año.
Además, dio al Gobierno un plazo hasta el 21 de octubre para una respuesta favorable.
El 13 de julio, un día después del Consejo Nacional de Autonomías, al que no asistió Camacho, el presidente Luis Arce promulgó el decretó que posterga el Censo.
El Censo Nacional de Población y Vivienda debía llevarse a cabo el 16 de noviembre de este año, pero fue postergado para mayo o junio de 2024.
TRANSPORTE.
Con una declaratoria de emergencia, transportistas de Santa Cruz afirmaron que no acatarán el paro indefinido convocado por el llamado Comité Interinstitucional y demandaron al Gobierno nacional las garantías “necesarias” para salir a trabajar.
“Lo que pedimos como transportistas es (poder) trabajar, ratificamos nuestro rechazo al paro indefinido y nos declaramos en estado de emergencia”, afirmó ayer el secretario ejecutivo de la Federación de Transporte 16 de Noviembre, Bismark Daza, según un reporte de la estatal ABI.
El dirigente informó que, por “unanimidad”, se rechazó toda medida que afecte el libre tránsito y actividad de la población cruceña. Demandó a las autoridades agotar instancias de diálogo y no perjudicar al pueblo.
“Toda situación que pase será responsabilidad de las autoridades y dirigentes que organizan el paro. Pedimos al Gobierno las garantías correspondientes para que el transporte pueda trabajar libremente”, advirtió Daza.
La organización aglutina a más de 580 sindicatos de transporte y a más de 96.000 socios de base.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, dijo que se dispondrá de maquinaria pesada (si es necesario) para limpiar las calles y la Red Vial Fundamental para garantizar el libre tránsito y el traslado de combustibles a los distintos sectores y municipios de Santa Cruz.
En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que se garantizará la libre transitabilidad. “Las personas que decidan acatar el paro pueden quedarse en su casa, pero (no pueden) afectar el derecho de terceras personas”. Advirtió también con iniciar acciones legales si los manifestantes atentan contra la propiedad privada o el patrimonio público. “Estas conductas se tipifican de acuerdo al Código Penal”.
