Una reciente declaración de la embajadora boliviana Romina Pérez desató una ola de indignación por el aparente apoyo del Gobierno boliviano a las acciones del Gobierno iraní frente a las protestas protagonizadas por las mujeres, y cuya represión ya dejó 201 personas muertas (según registra Iran Human Rights).
La embajadora argumentó que sus palabras fueron “manipuladas de manera tendenciosa”. Sin embargo, accediendo al registro audiovisual del medio televisivo Irán Internacional podemos constatar que la representante del país declara: “Nuestra solidaridad plena con la República Islámica de Irán en estos momentos de conspiración de Estados Unidos, el sionismo y algunos países europeos”. Si esta funcionaria pública refleja la lectura política del Gobierno boliviano frente a los hechos actuales en el país islámico, debo ser enfática en manifestar que no me representa, como ya lo han expresado muchas mujeres en el país mediante redes sociales y declaraciones públicas.
Irán está actualmente viviendo una revolución social protagonizada por las mujeres. Si bien las protestas se extendieron tras el asesinato de Mahsa Amini a manos de la “policía de la moral” que controla el uso del velo obligatorio, detrás de más de cinco semanas de enfrentamientos callejeros y trabajadores en huelga está la combinación de las luchas contra la opresión a las mujeres, la opresión religiosa y el terrorismo de Estado.
Frente a este momento histórico que vive la nación islámica, sorprende la lectura geopolítica tan básica que expresa la funcionaria diplomática, posicionándose como “amiga revolucionaria” de un Estado víctima del imperialismo. Rompiendo esa lógica, Gabriel Boric reitera cada vez que, para ser creíbles, las fuerzas progresistas de América Latina deben condenar las violaciones de derechos humanos sin importar si lo cometen o no gobiernos afines. “No podemos tener un doble estándar”, dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Lo que más sorprende es que esta política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia es liderada por un Canciller reconocido por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, en particular de las mujeres. Conocemos a Rogelio Mayta como abogado defensor de las víctimas de la “masacre de octubre” en la ciudad de El Alto y como protagonista del comité impulsor del juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. También se ha destacado por ser asesor de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia y la Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM). Incluso lo hemos escuchado declararse “feminista” en foros públicos.
Por todo esto, sería importante que en Cancillería profundicen su análisis sobre lo que está ocurriendo en Irán, y tomen tiempo para leer, por ejemplo, las reflexiones recientes de Slavoj Žižek (a quien no podemos acusar de pro imperialista), cuando sostiene que las mujeres y hombres que cantan consignas como “Zan, Zendegi, Azadi” (“mujer, vida, libertad”) están gritando contra el odio, la violencia y el fundamentalismo, pues saben que la lucha por los derechos de las mujeres lo es también por la libertad de todas las personas, pues su opresión no es más que la manifestación más visible de un sistema de terrorismo de Estado más amplio.
Por ello, es inaceptable que en el año de la “Revolución cultural para la despatriarcalización: por una vida libre de violencia contra las mujeres” nuestro Estado, en la voz de una de sus embajadoras, no muestre un mínimo de empatía y solidaridad con los y las manifestantes iraníes. No necesitamos discursos en fechas emblemáticas en contra de la violencia hacia las mujeres, sino hechos concretos que de manera firme muestren la coherencia de la política estatal en este tema.
Lourdes Montero es cientista social.
