DIBUJO LIBRE
Hasta 1993, después de 40 años de reforma agraria, las mujeres eran propietarias del 10% de las tierras rurales en el país. Las cifras más recientes señalan que a la fecha más de un millón de mujeres en Bolivia cuentan con un título agrario a su nombre, representando 45% del total de beneficiarios a nivel nacional. Estos datos implican un cambio sustancial, que representa esta condición para la vida de todas esas mujeres y sus familias, en una sociedad que como la boliviana todavía carga con prejuicios machistas y patriarcales, sobre todo en el área rural, donde la mujer muchas veces no logra ejercer a plenitud sus derechos.
Desde la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en 1953 se da inicio a un largo camino de conquistas sociales, entre las que el derecho de las mujeres a la tierra y territorio ha sido uno de las más relevantes, tanto por la lucha realizada como por los resultados alcanzados. Hasta ese momento, no se reconocía el derecho de indígenas y campesinos, ni mucho menos de las mujeres, a la tierra que ellas y ellos mismos trabajaban.
A partir de allí se fueron promulgando otras normas, siendo la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (1996), la que incorpora directamente los derechos de las mujeres a la tierra, garantizando la participación de forma abierta y por igual a hombres y mujeres en la ejecución de los procedimientos de saneamiento. Sobre la titulación señala que “cuando una persona individual o jurídica sea beneficiaria de un predio, se otorgará derecho de propiedad individual a su favor, sin discriminación de género”.
A su vez, la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria (2006) da el salto revolucionario que marca la diferencia entre todas las reformas agrarias de Bolivia y del continente. Esta ley garantiza y prioriza la participación de la mujer en los procesos de saneamiento y distribución de tierras, consignando el nombre de la mujer en primer lugar, independientemente de su estado civil.
Este derecho es ratificado en la Constitución Política del Estado (2009) donde se incorporan más avances respecto al tema de tierras para los campesinos e indígenas y también sobre los derechos de las mujeres para acceder a ella, sin discriminación por su estado civil, haciendo énfasis en su derecho a la herencia.
El cumplimiento de esta política de Estado es responsabilidad del INRA, y desde 2006 muestra resultados incuestionables que llegan a 45% de los títulos de propiedad de la tierra que favorecen a más de un millón de mujeres, a partir de directrices institucionales que promueven la aplicación de la equidad de género en cada una de sus intervenciones, en un trabajo conjunto y articulado con las mismas comunidades y las y los beneficiarios, que garantizan que este derecho se cumpla.
Para la mujer, es un gran paso para acceder de forma efectiva a la tierra y al territorio, lo que le permite un empoderamiento con abiertas posibilidades para lograr su participación efectiva con reconocimiento social, político, económico y cultural, en su comunidad; y, paralelamente, lograr otros fines como el acceso a créditos, a capacitación y tecnología, a servicios de comercialización y mercadeo y/o la gestión territorial, a administrar la tierra, a ser parte vital en la toma decisiones de su territorio, como en el acceso y cuidado de los recursos naturales.
Considerando que la brecha de género en el acceso a la tierra es todavía muy significativa en América Latina; que Bolivia haya alcanzado ese porcentaje (45%) de mujeres dueñas de sus predios, constituye una muestra incuestionable del esfuerzo y compromiso para con el país y, sobre todo, con las hermanas campesinas, indígenas, originarias, muchas de ellas protagonistas directas en la lucha para incluir dichos derechos en la Constitución y en otras normas y ser permanentes vigías para su cumplimiento.
Para 2025, Año del Bicentenario de la fundación de nuestro Estado Plurinacional, se tiene como meta concluir el proceso de saneamiento de tierras rurales en todo el país, aplicando políticas de equidad de género e inclusión en el acceso a la tierra.
El cambio histórico, actualmente en curso, de reconocimiento de los legítimos derechos de las mujeres a la propiedad de la tierra es la mejor muestra de que la tierra, ahora sí, tiene nombre de mujer.
(*)Eulogio Núñez A. es abogado, director del INRA
